BUENOS AIRES.- El primer efecto político concreto del fallo anulatorio de las leyes de perdón puede darse en lo inmediato cuando sectores de la oposición de diferentes signos insistan nuevamente en la Cámara de Diputados en la derogación de los 277 indultos dispuestos por el ex presidente Menem en 1989 y los 12 de 1990. La lista no sólo incluye a altos jefes militares sino igualmente a líderes guerrilleros, algunos de los cuales son parte hoy del oficialismo y hasta ocupan bancas en el Congreso. Como ha señalado Raúl Alfonsín en su carta pública, la decisión de la Corte ha sido necesaria, pero la situación creada quedará renga si esos indultos perduran. El tribunal supremo tiene a consideración desde abril la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal y debe resolver al respecto. Cuando la oposición parlamentaria trate de impulsar esa anulación, lo hará por tercera vez, pero habrá que ver si el oficialismo presta quórum, después de no haberlo hecho en las ocasiones anteriores. La teoría más ortodoxa y que el PJ parlamentario arguye hasta el momento, considera que los indultos presidenciales son intocables por principio, pero es evidente que no se lleva bien con la abolición de cosa juzgada y del principio de irretroactividad, aplicados por la Corte al invocar la perdurabilidad de los delitos de lesa humanidad.
El vértigo político
Mirar tuertamente el pasado puede ser un error muy grave, pero el máximo tribunal de la República tiene la posibilidad de evitarlo, aunque el Congreso disfrace su omisión de pureza constitucional. Si lo hace, los jueces que hoy son aplaudidos desde la Casa Rosada pueden ser reprobados desde algunos despachos, mas con ello volverán a favorecer la imagen de independencia que algunos de ellos exhibieron cuando el Presidente los hostigó a propósito de decisiones no compartidas. Las circunstancias han demostrado, pues, nuevamente que un tribunal supremo de justicia, aquí y en todas partes, es también un tribunal político en ocasiones como la actual; aunque, en nuestro caso, por las repetidas intromisiones a que fue sometido, pueda aparecer ante la opinión pública como dócil al poder de turno, civil o militar.
Estos son ahora también los reparos que sectores de la oposición de centro derecha, que tanto preocupan al Presidente, hacen a que la Corte no haya objetado la constitucionalidad de esas leyes cuando en media docena de ocasiones debió pronunciarse. Efectivamente fue así, pero todo ocurre tan rápido entre nuestra clase política que resulta muy difícil para el ciudadano común asumir la realidad; es decir, los cambios de compromisos y hasta de ideas cuando el oportunismo lo aconseja. (De nuestra Sucursal)
