Los menores que delinquen

El problema de la delincuencia juvenil en Tucumán ha vuelto a desnudar un drama mayor que, lejos de disminuir, sigue creciendo: la falta de una política adecuada en materia de minoridad. Un reciente informe publicado por nuestro diario respecto del perfil de los menores detenidos en el Instituto Roca es un ejemplo concreto. De los 22 internos, 19 están detenidos por robo y tres por homicidio. Excepto uno de los alojados, todos los demás son reincidentes y la mayoría de ellos comenzó a delinquir a los 12 años. Casi todos sufren algún tipo de adicción y la mitad no sabe ni siquiera leer ni escribir. Esto demuestra que de nada sirve la detención de los menores sin un plan de recuperación y rescate; sin un programa de reeducación que les permita a los chicos insertarse nuevamente en la sociedad.
Las mismas autoridades reconocen que, a pesar de las limitaciones, los chicos reciben tratamiento psicológico y médico para tratar de revertir las adicciones. Pero el trabajo realizado suele caer en saco roto porque los mismos celadores (ya se despidió a más de 20) les pasan droga a los internos para mantenerlos a raya. Es como apagar un incendio con combustible. Para colmo de males, no existe en la provincia una institución específica para el tratamiento y la recuperación de los adictos, por lo que suelen caer en los mismos dramas y cometer los mismos delitos una vez que abandonan el hogar de menores. Tampoco hay lugares de detención específicos.
La alcaidía, que suele albergar a los chicos en conflicto con la ley, está totalmente desbordada. De hecho, tiene actualmente 43 detenidos en condiciones infrahumanas, según constató un legislador. Aunque, a veces, la cantidad de detenidos supera ampliamente esa cifra.
Así las cosas, el tema se ha vuelto un problema grave que requiere una solución urgente por parte de las autoridades provinciales. Para algunos funcionarios, el drama de los menores y la ausencia absoluta de programas han desbordado la capacidad del Estado. Las autoridades prometen la reconstrucción completa del Instituto Roca, para albergar a por lo menos 120 chicos. De hecho, ya se han realizado algunas obras de infraestructura.
Pero, la magnitud del problema es tal, que no se puede esperar a tener un edificio en condiciones ni siquiera en el corto plazo. La sociedad requiere respuestas urgentes. Porque cuando se afirma que el desempleo, la falta de educación, la droga, la miseria y las condiciones de vida infrahumanas son factores que propician el delito, también se debe comprender que las significativas diferencias que existen para acceder a la educación, la salud pública y la economía tangible, por parte de la población, son las que influyen en forma decisiva para la creación de potenciales criminales. El rol del Estado debería ser, entonces, el de erigirse como un buen maestro y no como mero verdugo.
El flagelo social de los niños que permanecen en el más absoluto abandono y adoptan el delito y la mendicidad como fórmula de sobrevivencia, es uno de los problemas más complejos y difíciles de resolver; sobre todo, cuando no hay una política específica y cuando el presupuesto destinado a la minoridad es más que acotado.
Por el contrario, y como lo demuestran numerosos ejemplos de rehabilitación e inserción social de menores que han delinquido sistemáticamente, los planes específicos deben apuntar a una integración por medio de programas que restituyan al niño sus lazos afectivos y el derecho a la educación, la salud y a la justicia. En ese sentido, existen numerosas organizaciones civiles y religiosas destinadas a brindar esta ayuda primordial.
El Estado provincial debe hacer entonces su aporte, pero sin asistencialismo prebendario.