Rastras cañeras y normas legales

Es conocido el serio conflicto planteado actualmente entre el Gobierno de la Provincia y los responsables de rastras cañeras. El primero, invocando la seguridad de las rutas y la experiencia de accidentes, ha prohibido que esos vehículos circulen de noche. Los segundos sostienen que tal providencia les causa perjuicios económicos, que se pone en riesgo la zafra, y que en lugar de la prohibición, debieran instalarse controles o habilitar caminos alternativos. La cuestión ha derivado, como se sabe, en la ruta 38 bloqueada por las rastras, medida que -según anunciaron- podría extenderse a otras carreteras. Además, la Fotia advirtió que acompañará las protestas que se programen.
Digamos de entrada que resulta innegable el peligro generado en las rutas por las rastras cañeras, cuando se movilizan sin la iluminación adecuada, o con cargas emplazadas peligrosamente. Las consecuencias de ese tránsito están en el recuerdo de todos, a través de muy serios accidentes. En múltiples oportunidades, este comentario ha enfocado, en tono de fuerte crítica, la problemática de referencia. Tenemos, pues, opinión formada acerca de ella.
Pero, mirando la cuestión tal como se manifiesta ahora, creemos que ha llegado a un punto de irreductibilidad que debió evitarse. Se hubiera necesitado conversaciones y tratativas previas, entre todos los factores implicados, a fin de llegar a una solución realista, donde se concilie algo tan necesario como es el desarrollo fluido de la zafra azucarera, o el igualmente necesario respeto de las leyes. Lamentablemente, se ha terminado planteando un enfrentamiento entre la seguridad y la economía, donde cada una de las partes parece mostrar posiciones irreversibles.
Evidentemente, no puede continuar una situación como la que existe en estos momentos. Ella afecta el normal tránsito por las vías de comunicación de la provincia, y crea también condiciones problemáticas para una actividad de básica importancia en nuestra economía. Compromete, por lo tanto, el sustento de numerosos hogares de trabajadores, así como los ingresos en una serie de rubros implicados en la actividad agroindustrial.
No es posible que se prolongue por más tiempo, entonces, el enfrentamiento que nos ocupa. Por el contrario, nos parece que deben aplicarse todos los esfuerzos para terminar con el mismo.
Como es obvio, la solución solamente puede venir por el camino de un diálogo realista, donde se escuchen debidamente todas las posturas, y se llegue a un acuerdo , por lo menos para esta campaña. Es cuestión de buscar un punto de equilibrio, sin encerrarse en criterios endurecidos, que haría imposible cualquier índole de solución.
Pensamos que no puede mirarse el asunto de otra manera. No se trata, por cierto, de sostener que la ley debe obviarse a causa del reclamo de los propietarios de las rastras. Tampoco, de negar que los recaudos legales tienen más que suficiente justificativo, y que su aplicación es necesaria para evitar que las carreteras sigan constituyendo escenarios de catástrofe y de muerte. Pero tampoco puede olvidarse que existe la otra realidad, de amplios sectores de la actividad agroindustrial que deben llevar la producción hasta las bocas de molienda, en una tarea que resulta imprescindible dentro de la estructura económica de Tucumán.
Hay que conciliar, entonces, en base a concesiones recíprocas y temporarias, la divergencia que existe en este momento. A todos nos interesa que se cumpla con la ley, del mismo modo que interesa a todos que la zafra se desarrolle con normalidad.
Hallar la coincidencia entre las dos premisas, tan respetables una como la otra, debe ser el propósito de una acción que, repetimos, ha de iniciarse de inmediato, para que este conflicto concluya.