El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alcanzó un volumen histórico con 27 proyectos formalmente aprobados que comprometen desembolsos por U$S76.173 millones. La cifra, que resume las propuestas avaladas por el Gobierno nacional bajo el marco de la Ley Bases, despierta recurrentes expectativas en torno al ritmo de ingreso de divisas a la economía argentina.
Sin embargo, un análisis detallado sobre los cronogramas oficiales presentados por las compañías revela que la llegada de ese capital no operará como un ingreso inmediato, sino como un proceso gradual que concentrará dos tercios de sus fondos en la próxima década y que extenderá sus últimos desembolsos hasta el año 2056.
De acuerdo con un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) basado en registros del Ministerio de Economía, los planes prevén que hasta 2035 se ejecuten U$S51.314 millones, lo que representa el 67% del total autorizado. A partir de ese punto, el flujo declinará paulatinamente hasta el cierre del ciclo de beneficios.
La Ley 27.742 establece una pauta temporal de dos etapas: por un lado, fija un piso mínimo obligatorio de inversión (por lo general de U$S200 millones) del cual las empresas deben cumplir al menos un 40% durante los primeros dos años desde su aprobación. Por otro lado, la normativa no impone un tope rígido para la inversión total, sino que delega en cada Vehículo de Proyecto Único (VPU) la presentación de su propio sendero plurianual de ejecución.
Esa flexibilidad explica por qué los desembolsos mostrarán un pico pronunciado en el corto y mediano plazo. Según las estimaciones de la BCR, el ritmo de inversión se distribuirá a razón de U$S7.663 millones en 2026 y U$S7.930 millones en 2027, alcanzando su techo en 2028 con U$S9.008 millones. Luego iniciará una curva descendente con U$S 7.171 millones en 2029 y U$S6.212 millones en 2030, para estabilizarse en torno a los U$S2.000 millones anuales hasta promediar 2035.
Desde 2036 los montos caerán drásticamente, perforarán hacia abajo la barrera de los U$S1.000 millones anuales a partir de 2046 y concluirán en 2056 con una partida residual de U$S228 millones, momento en que caducará la protección legal de la mayoría de las iniciativas. La dinámica de estos plazos se encuentra atada a la fisonomía de las actividades involucradas.
El petróleo y el gas acaparan U$S 46.158 millones, mientras que la minería concentra U$S27.624 millones. Combinados, ambos sectores explican el 97% del total de las inversiones aprobadas. Este sesgo sectorial delimita con precisión el mapa federal de radicación de capitales: tres provincias reúnen el 74% de los proyectos.
La tabla
Neuquén lidera la tabla con U$S 23.744 millones, secundada por Río Negro con U$S 19.356 millones y San Juan con U$S13.510 millones. El predominio de las dos primeras responde a la infraestructura de extracción, transporte y licuefacción de gas asociada a la cuenca de Vaca Muerta.
Más atrás se ubican Catamarca con U$S8.474 millones, la provincia de Buenos Aires con U$S4.961 millones y Salta con U$S3.508 millones. Más allá de las proyecciones financieras en papel, la puesta en marcha de los proyectos ya comenzó a dejar huellas tangibles en el comercio exterior.
Según el Monitor de Proyectos del RIGI, confeccionado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet), la importación de bienes de capital e insumos específicos marcó un récord mensual de U$S142 millones en octubre y ya totaliza U$S700 millones desde enero de 2025.
Hasta el momento, 16 de los 27 proyectos aprobados realizaron operaciones de compra de equipamiento en el exterior. La mayor parte del movimiento reciente estuvo encabezada por el consorcio petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que en octubre ingresó estructuras flotantes y válvulas por U$S48,3 millones.
