Resumen para apurados
- El Senado de Paraguay inició este viernes el juicio político contra el presidente Santiago Peña por presuntas irregularidades con fondos públicos en el colapsado Ueno Bank.
- Peña no se presentó tras rechazarse su pedido de prórroga. Aunque presentó su renuncia, el Congreso no pudo tratarla por falta de quórum y sigue formalmente en funciones.
- El proceso profundiza la crisis política paraguaya mientras la quiebra bancaria afecta a 3 millones de usuarios y Peña prometió presentar su descargo ante la ciudadanía.
El Senado de Paraguay inició este viernes por la tarde el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de un profundo clima de inestabilidad política e institucional.
El proceso se activó formalmente después de que el cuerpo legislativo rechazara la solicitud de prórroga que había presentado el mandatario, quien finalmente no compareció ante la sala y optó por ser representado por sus abogados defensores.
"Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida", declaró el presidente del Senado, Basilio Núñez, al dar inicio a la jornada.
El objetivo central del debate es determinar la responsabilidad de Peña en el manejo de los fondos estatales que estaban depositados en el Ueno Bank y en sus vínculos con la entidad financiera, cuyo colapso dejó a tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
Un proceso que avanza pese a la renuncia
La situación institucional es particularmente compleja. A pesar de que el mandatario había presentado su renuncia al cargo, el Congreso no pudo tratar su dimisión por la falta de quórum en la sesión conjunta convocada para ese fin. Como resultado, Peña sigue formalmente al frente del Poder Ejecutivo mientras el Poder Legislativo avanza con el proceso de destitución en su contra.
Previo a la sesión, el mandatario había formalizado un pedido de prórroga de 72 horas para poder armar su defensa. A través de una nota enviada a Núñez, denunció que el plazo otorgado era materialmente imposible de cumplir y que atentaba contra sus garantías constitucionales.
Según detalló en sus redes sociales, la notificación oficial le fue entregada el jueves a las 22:15, junto con un documento acusatorio de 15 páginas y unos 300 anexos.
"Pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", sentenció el jefe de Estado, quien argumentó que el Congreso tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la defensa.
Además, anticipó que no piensa guardar silencio y que expondrá sus argumentos ante la ciudadanía, sin importar las consecuencias políticas. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", advirtió.
Cabe recordar que, en paralelo a esta crisis, el Gobierno argentino había desmentido días atrás que Peña hubiera ingresado al país tras su renuncia, despejando los rumores que circularon sobre un posible cruce de la frontera.
