Salta: intentaron contrabandear 35 toneladas de una sustancia utilizada para elaborar cocaína y terminaron presos
Dos transportistas bolivianos fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar del país 35.144 kilos de acetato de etilo con documentación adulterada. El cargamento, valuado en más de $167 millones, fue detectado en marzo en el paso fronterizo de Aguas Blancas. La sustancia puede utilizarse en procesos de elaboración de cocaína.
Resumen para apurados
- Dos camioneros fueron condenados en Salta tras intentar contrabandear a Bolivia 35 toneladas de un precursor químico de cocaína con avales falsos detectados en marzo.
- La carga de acetato de etilo, valuada en $167 millones, fue interceptada en Aguas Blancas en dos camiones que utilizaban permisos adulterados del sistema oficial.
- La causa impulsó la cooperación con la fiscalía antidroga de Bolivia, sentando un precedente clave para frenar el desvío de insumos químicos al narcotráfico transnacional.
La maniobra quedó al descubierto el 16 de marzo de 2026, cuando dos camiones de transporte internacional llegaron al paso fronterizo de Aguas Blancas, en el norte de Salta. Los vehículos trasladaban una carga de 35.144 kilos de acetato de etilo, distribuida en 191 tambores, y tenían como destino final Bolivia. Lo que en los papeles aparecía como una operación comercial internacional terminó convirtiéndose en una investigación por contrabando de precursores químicos.
Durante el control, efectivos de Gendarmería Nacional revisaron la documentación presentada por los conductores, entre ella los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Los papeles indicaban que la mercadería debía salir de Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza y continuar su recorrido hacia Cochabamba. Sin embargo, los camiones habían llegado a Aguas Blancas.
Esa diferencia fue una de las primeras señales de alerta. Al verificar las autorizaciones con el organismo correspondiente, los investigadores detectaron que el permiso de tránsito internacional presentado por los choferes no coincidía con el documento emitido oficialmente. Además, los dominios de los dos vehículos no estaban habilitados para realizar esa operación.
La irregularidad no se limitaba al recorrido. La investigación determinó que la autorización había sido adulterada mediante un documento confeccionado con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), al que se le habían incorporado las patentes de los camiones involucrados.
Ante esas inconsistencias, los efectivos dispusieron la detención de los conductores y el secuestro de los vehículos y de la mercadería. En uno de los camiones había 95 tambores y en el otro, 96. El cargamento completo alcanzaba los 35.144 kilos y fue valuado en $167.608.459.
Qué transportaban los camiones y cuál era el destino de la carga
El producto incautado era acetato de etilo, un solvente que tiene aplicaciones industriales legítimas, pero que también puede utilizarse en procesos de refinamiento para obtener clorhidrato de cocaína. Por ese motivo, está incluido en el listado de sustancias químicas sometidas a fiscalización especial del RENPRE.
La naturaleza del cargamento fue confirmada posteriormente por un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, que identificó la sustancia transportada en los tambores.
La operatoria comercial involucraba a empresas de distintos países. En la documentación figuraban como transportistas la firma uruguaya Melinor S.A. y, posteriormente, Cooperativa Tarija del Sur SRL. La mercadería había sido adquirida por Southpac Corporation, con domicilio en Panamá, y tenía como destinataria final a Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El recorrido declarado establecía que la carga debía atravesar el paso internacional de Salvador Mazza para continuar hacia territorio boliviano. No obstante, los dos camiones fueron interceptados en Aguas Blancas, donde las inconsistencias documentales permitieron frenar la salida del precursor químico.
La investigación también llegó hasta Bolivia
Con el avance de la causa, los investigadores profundizaron las averiguaciones sobre el destino final de la sustancia. La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que articuló mecanismos de cooperación internacional mediante la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica, perteneciente a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
El intercambio de información con autoridades bolivianas permitió incorporar documentación de una investigación que se desarrollaba en ese país. Allí se habían realizado allanamientos en distintos depósitos de acetato de etilo, entre ellos uno ubicado en Cochabamba y perteneciente a la empresa que figuraba como destinataria final del cargamento incautado en Argentina.
Según las medidas realizadas en Bolivia, ese establecimiento no estaba habilitado para funcionar como depósito de sustancias químicas. Ese dato se incorporó a la investigación y alimentó las sospechas sobre un posible desvío del precursor.
La causa estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, con la intervención de la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y del investigador Francisco Mena.
La condena a los dos camioneros
La investigación llegó a una resolución judicial el 22 de octubre, cuando la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y los acusados.
Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos de nacionalidad boliviana, reconocieron su participación en los hechos y aceptaron las penas acordadas. Fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión como coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de esas sustancias a una zona de frontera sin la autorización correspondiente.
Además de las penas de prisión, recibieron la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y las sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero. También se dispuso el decomiso del acetato de etilo y de los teléfonos celulares secuestrados.
En el caso de Puma García, la medida alcanzó además al tractor del camión y al semirremolque utilizados para transportar la carga.
