El crédito formal en la Argentina cumplía, en teoría, una función de desarrollo. Permitía comprar una herramienta de trabajo o acceder a un bien durable que la sola capacidad de ahorro mensual volvía inalcanzable. Eso ya no opera sobre la realidad cotidiana. En los últimos meses, el endeudamiento mutó en un mecanismo de supervivencia familiar: seis de cada 10 familias recurrieron al crédito y más de las tres cuartas partes de ese flujo se destinó a pagar comida, consultas médicas, medicamentos y facturas de servicios públicos, según un estudio del a consultora Zentrix.
En Tucumán, este fenómeno adquiere una gravedad particular debido a las características estructurales de su economía. El salario medio local, condicionado por un mercado laboral donde la informalidad supera con holgura el promedio nacional y donde los ingresos formales dependen en gran medida del empleo público y las actividades primarias de temporada, deja a los hogares sin ningún tipo de colchón frente al costo de vida. Si a nivel país casi la mitad de los trabajadores agota sus ingresos antes de llegar al día 15 del mes, en la provincia esa barrera cronológica se quiebra incluso antes. Esa falta de margen empuja a un proceso de endeudamiento en capas. En el sector asalariado formal, el límite de la tarjeta de crédito se consume en las compras semanales de alimentos, y el pago mínimo mensual funciona como una trampa financiera de intereses. En los barrios populares y entre los cuentapropistas tucumanos, donde el sistema bancario ni siquiera llega, el vacío lo cubre el préstamo informal, las aplicaciones de dinero rápido o el fiado en el comercio de cercanía. El almacenero del Gran San Miguel de Tucumán o del interior productivo vuelve a asumir, con su propia espalda, el rol de financista de última instancia de una sociedad que trabaja pero no come con lo que gana. Esta realidad desarma el argumento que celebra la desaceleración del índice de precios como un objetivo cumplido en sí mismo. Para el bolsillo cotidiano, una inflación más baja sobre una base salarial destruida no representa alivio.
El endeudamiento familiar actúa como un disfraz para la magnitud del derrumbe del poder adquisitivo mientras el stock de deuda privada crece y se transforma en un problema social latente.
La dirigencia política, tanto nacional como provincial, no puede continuar ignorando este proceso bajo la premisa de que el ajuste macroeconómico encontrará su propio cauce de equilibrio. No hay reactivación económica posible cuando los ingresos futuros de las familias ya están comprometidos de antemano para pagar los fideos que consumieron dos meses atrás. El consumo local se frena en seco porque el dinero que entra a los hogares no vuelve al circuito comercial tucumano, sino que se drena directamente en intereses financieros o en el pago diferido de tarifas energéticas y servicios esenciales.
Frente a este escenario, la discusión pública debe salir con urgencia de la especulación estadística y concentrarse en medidas concretas de desendeudamiento y recomposición del ingreso. La Nación y la Provincia necesitan articular mecanismos que protejan a las familias del abuso usurario, revisar los esquemas de financiamiento del consumo básico y establecer políticas de contención que no dependan de la timba del pago mínimo ni de la precarización financiera de los hogares. Tolerar que la deuda se transforme en la única vía para garantizar el día a día familiar es aceptar la degradación definitiva del trabajo como ordenador social. Encontrar una salida a esta asfixia es la primera obligación de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
