"No creamos más seguridad": la jueza Marta Pascual defendió la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires
La magistrada frenó por 60 días la aplicación de la ley nacional en territorio bonaerense. Advirtió sobre el riesgo de convertir los centros de detención en "escuelas de delito" y rechazó las críticas del oficialismo.
Resumen para apurados
- La jueza Marta Pascual frenó por 60 días el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires para evitar hacinamiento ante la falta de infraestructura de reinserción.
- El fallo respondió a un habeas corpus de organizaciones sociales del Hogar de Cristo y generó fuertes críticas del Gobierno nacional, incluyendo a Patricia Bullrich.
- La medida abre un plazo clave para evaluar la infraestructura penal bonaerense y anticipa una mayor tensión judicial y política por la baja de imputabilidad.
La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, rompió el silencio tras su decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en la provincia de Buenos Aires. En una fundamentación que combina el rigor técnico con la realidad territorial del conurbano, la magistrada respondió de manera contundente. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, dijo.
Pascual, quien cuenta con una extensa trayectoria en la justicia de menores y fue presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, aclaró que su postura no nace del idealismo, sino de la experiencia. “No romantizo a los chicos que salen con un arma”, remarcó.
La falta de mecanismos de reinserción
La medida judicial responde a un "habeas corpus preventivo colectivo" presentado por organizaciones sociales vinculadas al Hogar de Cristo. Para la jueza, la implementación de la ley -que baja la edad de punibilidad- sin una infraestructura adecuada es contraproducente para la paz social. "Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual.
La preocupación central de la magistrada radica en las consecuencias a largo plazo de un encierro que no sea rehabilitador. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, aseguró.
En su fallo, también advirtió que el colapso del sistema penal agrava el problema. "Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”, señaló.
La realidad del conurbano
En su análisis, Pascual planteó que su labor tiene una doble exigencia. “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, precisó. Ante los cuestionamientos que la tildan de "garantista" en términos peyorativos, la jueza -quien fue ministra de Familia durante la gobernación de Eduardo Duhalde- respondió con firmeza.
“¿Yo? Garantista. Soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”, afirmó. Con el aval de su experiencia territorial y académica, que incluye un reciente doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Guillermo Brown, la letrada insistió en la necesidad de transparencia. “A mí me gusta dar explicaciones, porque es a mi comunidad a quien me debo. Y sé muy bien por dónde va el camino de la reinserción”, dijo.
La respuesta a Patricia Bullrich
La decisión de Pascual generó una fuerte reacción en el Gobierno Nacional, especialmente tras la reciente reglamentación de la ley por parte del Ministerio de Justicia. La tensión escaló luego de un mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apuntó contra la "Justicia provincial garantista" y acusó que estas decisiones dejan libres a los delincuentes para "seguir robando, asesinando y destruyendo familias".
Consultada sobre el posteo de la funcionaria nacional, la magistrada evitó alimentar la confrontación mediática pero mantuvo su postura institucional. Con un cierre escueto y directo, Pascual dio por finalizada la polémica política: "Yo con la exministra no voy a discutir”, respondió.
