Hay noticias que se leen y pasan. Otras permanecen dentro de nosotros como un espejo que ya no podemos retirar de la pared. La nota de Gustavo Rodríguez, titulada “Filicidio en Tucumán: los detalles desconocidos del crimen de Ignacio y del suicidio de su padre”, pertenece a estas últimas. El periodista relata una tragedia ocurrida en Villa Alem. Oscar Mauricio Sosa, de 38 años, cumplía arresto domiciliario por una causa tramitada en Córdoba. Vivía con Ignacio, su hijo de ocho años, un niño con autismo severo que necesitaba atención permanente. Después de separarse de su pareja, había quedado como principal responsable de su cuidado. No tenía trabajo, no podía abandonar la vivienda y dependía de la ayuda de sus hermanos. En ese escenario de aislamiento, precariedad e incertidumbre, el padre asesinó a Ignacio y luego se quitó la vida. Es necesario decirlo con todas las letras: nada puede justificar que un padre mate a su hijo. Ignacio era el más pequeño, el más vulnerable, el que dependía de los adultos para vivir y ser protegido. Él es la víctima y debe permanecer en el centro de cualquier reflexión. Pero Gustavo Rodríguez tuvo la sensibilidad de no detenerse ante la superficie del horror. Su artículo honra al mejor periodismo: el que investiga sin invadir, pregunta sin absolver y conmueve sin convertir el dolor ajeno en espectáculo. No escribió solamente acerca de dos muertes. Se atrevió a mirar detrás de la puerta. Allí encontró a un hombre sometido a arresto domiciliario, sin trabajo y a cargo de un niño que requería cuidados especiales. También señaló que se investigaba la posibilidad de que debiera regresar a Córdoba por cuestiones judiciales pendientes y que, en la carta dejada antes de morir, habría expresado su preocupación por quién cuidaría de Ignacio. El artículo nos deja frente a una pregunta que ninguna autopsia podrá contestar: ¿Cuánto tiempo puede una persona permanecer encerrada en su propio laberinto antes de que alguien advierta que ha perdido la salida? Borges comprendió como pocos que los laberintos más terribles no siempre están construidos con muros. A veces están hechos de soledad, miedo, expedientes, puertas cerradas y días que se repiten sin que nadie llame. El arresto domiciliario puede ser una medida jurídicamente adecuada, pero no debería convertirse humanamente en abandono. Cuando quien lo cumple es también el único cuidador de un niño con discapacidad, el Estado no puede limitarse a comprobar que permanezca dentro de una casa. Debe saber cómo viven ambos, quién sostiene los tratamientos, qué recursos poseen y quién cuidará al niño si la situación procesal de su padre cambia. Quizás cada organismo haya cumplido con su trámite. Quizás cada expediente haya recibido su sello, su firma y su fecha. Sin embargo, los expedientes también pueden convertirse en laberintos: cada hoja parece avanzar, mientras la persona que les dio origen permanece detenida en el mismo lugar. Y entonces surge la pregunta más dolorosa: ¿Quién cuidaba al cuidador y quién estaba preparado para cuidar a Ignacio? El autismo no explica este crimen. La discapacidad de un hijo jamás puede presentarse como causa de su muerte. Hacerlo sería una injusticia para Ignacio y para las innumerables familias que, aun atravesando dificultades inmensas, cuidan a sus hijos con una entrega cotidiana, silenciosa y admirable. Lo que esta tragedia deja al descubierto es otra cosa: la soledad. Hoy conocemos inmediatamente una tragedia sucedida a kilómetros de distancia, pero con frecuencia ignoramos el sufrimiento que habita al otro lado de nuestra propia pared. Nos conmovemos cuando llegan la Policía, los peritos, el fiscal y las cámaras. Pero el verdadero desafío consiste en llegar antes: antes del último acto, antes de la desesperación, antes de que una puerta se cierre definitivamente. El expediente probablemente sea archivado cuando la Justicia descarte la intervención de terceros. Pero nosotros no podemos archivar a Ignacio. No podemos reducirlo a una fotografía, a un diagnóstico ni a una noticia que mañana será reemplazada por otra. Ignacio tenía un nombre, una historia apenas comenzada y el derecho inviolable de continuar viviendo. Borges intuyó que la historia de una vida puede quedar cifrada en un solo instante. Ojalá que el instante que conserve nuestra memoria no sea únicamente aquel en que Ignacio murió, sino aquel en que su muerte nos obligó, por fin, a preguntarnos cuántas puertas cerradas estamos dejando de tocar. Ignacio tenía ocho años. Y desde ahora su ausencia también nos pertenece.
Jorge Bernabé Lobo Aragón
jorgeloboaragon@gmail.com







