Resumen para apurados
- El concejal tucumano José María Canelada cuestionó al PAMI por los recortes en diálisis, advirtiendo que el ajuste fiscal pone en riesgo la vida de miles de afiliados.
- La advertencia surge tras la denuncia de Cadra por un desfasaje de 18 meses sin actualizar aranceles y una reciente reducción del 8% en los pagos a más de 200 centros.
- El edil exigió al organismo solucionar el conflicto con prestadores para dar certeza a 4.700 pacientes del país, remarcando la gravedad logística en el interior.
El concejal José María Canelada (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación denunciada por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra). Según la entidad, la reducción en los valores que abona el PAMI pone en jaque la continuidad del tratamiento para unos 4.700 afiliados en más de 200 centros de todo el país, incluyendo los de Tucumán.
Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente que necesita diálisis. Ordenar las cuentas del Estado es necesario y es una responsabilidad de cualquier gobierno. Pero también lo es establecer prioridades y garantizar aquellas prestaciones de las que depende directamente la vida de las personas”, sentenció el edil.
Un desfasaje que asfixia a los prestadores
La denuncia de los centros de diálisis señala un escenario crítico. El valor del módulo que PAMI abona por cada tratamiento lleva cerca de 18 meses sin ser actualizado. A esto se suma una reducción nominal del 8% en los pagos recientes, lo que vuelve insostenible la prestación del servicio médico.
Ante este panorama, Canelada remarcó que el ajuste no puede aplicarse de forma indiscriminada sobre áreas sensibles. “Acá no estamos discutiendo un gasto superfluo, un privilegio ni una estructura burocrática que pueda revisarse. Estamos hablando de personas que necesitan dializarse para vivir. Esa diferencia tiene que estar en el centro de cualquier decisión sobre los recursos públicos”, afirmó el referente radical.
El impacto en el interior y la urgencia de respuestas
El concejal puso especial énfasis en la vulnerabilidad de los pacientes del interior, donde la logística y los traslados encarecen aún más el acceso a la salud. Según advirtió, administrar el Estado requiere una sensibilidad que no se está viendo en este conflicto.
“Defender la responsabilidad fiscal no significa aceptar cualquier recorte. Al contrario: administrar responsablemente también significa saber dónde establecer prioridades. La salud y la continuidad de un tratamiento vital tienen que ser una de ellas”, agregó Canelada.
Finalmente, el concejal exigió al PAMI que brinde tranquilidad a las familias afectadas para evitar que la incertidumbre financiera se traslade a las salas de tratamiento. “Los pacientes y sus familias necesitan certezas. El PAMI debe resolver esta situación con los prestadores y garantizar algo elemental: que ninguna persona que necesite diálisis tenga que preguntarse si podrá continuar con su tratamiento”, concluyó.
