Violencia en el fútbol: la política caldea los ánimos de hinchas y dirigentes

El club está mal. Prácticamente abandonado, con la poca infraestructura del estadio derruida, con jugadores de distintas edades que dejaron de acudir a la institución ante el descontrol y sin una dirigencia dispuesta a ponerse a la cabeza de su resurrección. La imagen es triste para los vecinos y para los hinchas, que generalmente crecieron en la zona y llevan en el corazón la pasión por sus colores. Algunos simpatizantes aparecen con ideas sinceras para ayudar. Pero falta plata o tiempo o incentivos. Y la necesidad tiene cara de hereje, como dice el refrán.

El relato aplica para una mayoría importante de los clubes de fútbol de la provincia, en especial del interior. Y sirve para entender qué hay detrás de los hechos de violencia que irrumpen en los partidos, el último de ellos, el que protagonizaron Deportivo Graneros y Concepción FC. La irascibilidad de simpatizantes no responde -solamente- a la pasión desenfrenada o a la irracionalidad que despierta el fútbol en sectores sociales diversos, que encuentran en la devoción por su equipo un resguardo afectivo-social ante carencias de distinta índole. Es uno de los motivos, pero detrás hay una estructura que avala y se aprovecha de ello.

El asesor del por entonces candidato demócrata Bill Clinton, James Carville, supo inmortalizar la frase “es la economía, estúpido”, para graficar que el demócrata llegaría a la presidencia no con sus dotes de líder carismático, sino ofreciendo garantías económicas al electorado. Lo mismo aplica para el fútbol tucumano, pero la frase mutaría a “es la política, estúpido”.

Desde hace ya un par de décadas que los clubes están bajo la tutela de dirigentes políticos de distinto peso. Los ex gobernadores Julio Miranda y José Alperovich fueron quizás los ejemplos más notorios de esa influencia en el deporte más popular del país, porque el club en el que intervinieron fue uno de los dos más grandes de la provincia, Atlético Tucumán. Pero es público y notorio para los simpatizantes de sus respectivos clubes que quienes mueven los hilos son delegados comunales, intendentes, legisladores, concejales o ministros. O nombres que no son los de los funcionarios, pero que responden directamente a ellos. O al menos eso “se entiende”. Y ahí radica el problema.

¿Está mal que el “Estado”, en sus diferentes niveles, apoye la actividad de los clubes? No y hasta se podría decir que es necesario para la continuidad de muchos de ellos, cuya función suele ser clave como contenedores sociales. Durante el reciente Mundial de Fútbol, por caso, se viralizó un reel en el que gran parte de los integrantes del plantel de la Selección aparecen contando que surgieron de clubes de barrio y del interior de sus respectivas provincias. La cuestión es que en Tucumán, en una mayoría importante de las instituciones, la política se metió para sacar rédito electoral.

El mapa del mecenazgo territorial

En el interior provincial, la frontera entre la sede partidaria y la secretaría del club desapareció. “Hoy casi no hay institución que sobreviva sin un padrino del poder; salvo honrosas excepciones, la mayoría son unidades básicas con tribunas”, confiesa un veterano dirigente del ascenso liguero bajo estricta reserva. La radiografía del poder en el fútbol tucumano exhibe un entramado donde intendentes, concejales, legisladores y caciques territoriales administran las instituciones como extensiones directas de sus presupuestos y sus disputas personales.

En Deportivo Graneros, el poder institucional está atado a la estructura de la familia municipal: Roque Graneros -hermano de la intendenta Raquel Graneros- conduce los destinos de una institución que ostenta uno de los presupuestos más abultados de la provincia, apalancado en las obras del complejo municipal. En la vereda de enfrente, Concepción FC vivió años bajo la impronta de Daniel Funez -histórico dirigente y exlegislador- y la posterior gravitación política de su hijo, el actual legislador provincial Carlos Funez, en una entidad cuya conducción operativa debió reconfigurarse tras los problemas de salud del caudillo y los cortocircuitos entre referentes de la comisión y la propia Liga.

El patrón se replica sin fisuras de norte a sur. En Almirante Brown de Lules la presidencia está en manos del concejal Patricio Gallia, hijo del histórico dirigente Carlos Gallia. En Nuñorco mandaría la conducción de la familia Serra, donde la intendencia y el sillón del club fueron históricamente vasos comunicantes. En Burruyacú, Unión del Norte respondería a la órbita de los Leal; en San Antonio de Ranchillos mandaría la impronta de los Pino; en Simoca los dos clubes principales orbitarían alrededor del Ejecutivo municipal; y en Banda del Río Salí el control del fútbol de la zona pasaría por la sintonía de Darío Monteros y Gonzalo Monteros.

El modelo de mecenazgo ostenta su máxima vidriera en Ateneo Parroquial Alderetes: un club que estaba al borde del abandono y que renació recientemente con instalaciones a nuevo, canchas de básquet y tribunas inauguradas con la plana mayor del gabinete provincial, gestionado directamente por los herederos de Aldo Salomón. Existen excepciones que confirman la regla -como Villa Mitre de Tafí Viejo, revitalizado por el impulso de exfutbolistas y empresarios privados a través de sus festivales-, pero el grueso de los planteles de la Liga Tucumana de Fútbol luce en el pecho el auspicio de ministerios, legisladores o la clásica leyenda de gestión provincial. “Los colectivos de las inferiores, los traslados a otras provincias y hasta las viandas salen de partidas legislativas o municipales. Sin eso, el domingo no se viaja”, admite un colaborador técnico de un club del este.

La cúpula de la Liga: la política sentada a la mesa

Este esquema no se detiene en los clubes; colonizó el propio órgano rector. La Liga Tucumana de Fútbol -hoy un monstruo hipertrofiado que supera los 52 equipos en Primera A y más de 20 en la Primera B, incluyendo instituciones y fundaciones que se sumaron a la competencia- está comandada directamente por figuras de la política activa.

La presidencia descansa en Eduardo Monteros, de Aguilares (ex mandamás de Jorge Newbery), secundado en la tesorería por Ricardo “El Gringo” Elías, también de esa ciudad y expresidente de Deportivo Aguilares. “La Liga es una mesa de arena de la interna política; cuando un fallo arbitral perjudica a un club chico, no se lee como un error técnico, se lee como un apriete del intendente vecino o de la cúpula que maneja el Tribunal de Disciplina”, explica un árbitro con años de rodaje en canchas del sur. “Monteros responde 100% a ‘La Burra”, añade otra fuente (que también pide reserva de su identidad), en referencia a Sergio Mansilla, presidente Subrogante de la Legislatura.

En todos los casos mencionados, y en muchos otros más, no se apunta a “culpar” a los funcionarios en cuestión, pero por acción u omisión, sus nombres se utilizan para mostrar “poder”, ya sea económico o político para influenciar en lo que pasa en el campo de juego.

La instrumentalización del “aguante” y el pacto de reciprocidad

Es en este caldo de cultivo donde la política coopta y potencia lo que el sociólogo Pablo Alabarces bautizó como la cultura del aguante. Para Alabarces, la violencia en el fútbol argentino no es un desvío irracional ni la obra marginal de un grupo de inadaptados, sino una matriz moral: una ética rígida donde el honor individual y colectivo se dirime “poniendo el cuerpo”, sin retroceder jamás y consagrando la agresión física como prueba irrevocable de pertenencia e identidad.

Investigadoras como Verónica Moreira y María Graciela Rodríguez demostraron que en el fútbol opera una trama de reciprocidades: la violencia tiene un sentido práctico y transaccional. La dirigencia política financia las banderas, los micros y los contratos informales de los referentes de la tribuna; a cambio, obtiene fuerza de choque disciplinada para fiscalizar comicios, copar actos electorales, pintar paredes o intimidar adversarios en el territorio.

En los feudos municipales, el hincha deviene en votante cautivo y el barra en puntero. Cuando una definición liguera termina con vestuarios anegados de gas lacrimógeno, trompadas entre dirigentes y futbolistas acorralados por la policía, no se asiste a un desborde pasional: se asiste al choque frontal entre dos estructuras políticas que disputan soberanía territorial. Perder la final no es una tristeza deportiva; es una humillación pública para el intendente o el cacique de turno. Y el riesgo de perder contratos políticos devenidos en “empleos”. Muchos, alrededor del fútbol, fuera del campo de juego, se juegan su sustento diario en el triunfo o la derrota de su equipo.

La violencia en las canchas tucumanas es la consecuencia previsible de un sistema donde la pelota fue domesticada para el cálculo electoral. Mientras el club sea la trinchera del caudillo y la tribuna su padrón de lealtades, la pelota seguirá manchada por la misma rosca que la mantiene con vida.