Por Gustavo F. Wallberg
Columnista invitado
La inflación no aumentó en julio. Lo que subió fue la variación del IPC nacional de julio. No es lo mismo. Como el error suele repetirse, debe recalcarse lo de “alza sostenida” como parte de la definición de inflación. El IPC es una herramienta para medirla, pero no sólo a ella. También muestra cambios de precios de corto plazo por motivos diferentes que los monetarios. Por eso no es correcto hablar, por ejemplo, de la inflación de julio. Sí de la inflación a julio, es decir, cuánto subieron los precios desde muchos meses atrás hasta julio.
Al observar el crecimiento del IPC durante julio pasado se advierte que el total subió 2,1 por ciento pero los rubros de mayor alza fueron “Recreación y cultura” (cinco por ciento) y “Restaurantes y hoteles” (2,8 por ciento), los más relacionados a las actividades vacacionales. O sea, si se observa la tendencia bajista de los incrementos del IPC desde marzo (3,4 por ciento en marzo, 2,6 en abril, 2,1 en mayo y 1,9 en junio) el alza de julio tendría más de época del año que de causas de fondo.
¿Y qué pasó con la variación interanual, que permite hablar de inflación con más propiedad? También hay alzas. No aparece una tendencia clara si se toman varios meses atrás, pero desde abril el IPC de un mes comparado con el mismo mes del año anterior muestra, decimal a decimal, subas mayores: 32,4 por ciento en abril, 33,2 en mayo, 33,5 en junio y 33,8 en julio. Parece poco, pero hay que estar atentos. Puede ser por la base de comparación, pero ya son indicadores de mayor proyección temporal de modo que debe prestarse atención.
Algo de tranquilidad aporta el IPC núcleo, que toma los precios no regulados por el Estado o de relativamente menor componente impositivo y no estacionales. O sea, considera bienes cuyos precios no tienen influencia del gobierno ni de la naturaleza: subieron en julio 1,9 por ciento; en lo que va del año, 17,6 por ciento frente a un promedio de 19,3; y en lo interanual 32,2 contra 33,8. Va mejor, pero por poca diferencia.
Para buscar entre los motivos esenciales puede mirarse la emisión de dinero. El gobierno nacional tiene superávit de modo que no pide prestado al Banco Central pero sigue apareciendo dinero nuevo por la compra de dólares por parte del BCRA (aunque esos pesos pueden esterilizarse mediante títulos públicos que el gobierno usa para repagar deuda vieja) y por el crédito bancario. La base monetaria promedio (creación del Central) subió en julio 21,3 por ciento interanual mientras que los agregados monetarios surgidos del sistema bancario (M2 o M3 en sus distintas variantes) entre 17,3 y 29,6 por ciento. En particular, el M2 privado transaccional un 23,7 por ciento. De modo que, dado que la oferta de bienes crece mucho menos, sigue habiendo presión sobre los precios. Sin embargo, la disminución en la tasa de crecimiento del dinero comparando con meses anteriores hace dudar de una aceleración inflacionaria.
La emisión secundaria no debería traer demasiadas complicaciones si fuera como crédito productivo, pero no está claro. En la actualidad, los préstamos bancarios a personas físicas, que pueden suponerse para consumo, rondan el 47 por ciento del total otorgado. En 2024 llegaron a fluctuar entre 41 y 44 por ciento. Por su parte, el crédito a personas jurídicas que no brindan servicios financieros está alrededor de 52 por ciento del total pero en 2024 representó de 55 a 57 por ciento. Tales fondos podrían tener destinos productivos pero también cubrirían baches financieros de las empresas. Dentro de este grupo, las Pymes reciben un 22 por ciento del crédito cuando tocaron 25 por ciento durante 2024.
Una consecuencia de estos datos es la actualización de jubilaciones. Desde marzo de 2024 se ajustan por variación de precios, pero hay rezagos. En agosto se conoce el IPC de julio, por lo que la indexación se aplicará para el pago de septiembre. ¿Atrasada? Sí, pero no hay alternativa práctica.
Estos desfases entre la recolección de datos y las fechas de pago se prestan a confusiones. A veces se advierten aumentos a jubilados distintos que la “inflación” del mes aunque parece sorprender que medido en el año no haya mucha diferencia. Pero es lógico. En doce meses se compensan desfases. Además, en ocasiones se gana y otras se pierde. Si en agosto se pagó ajustado por junio pero los precios subieran más que 1,9 por ciento, los jubilados perderán. Pero como en septiembre se pagará ajustado por julio, si los precios subieran entonces menos que 2,1 por ciento, ganarán.
Digresión: las actualizaciones alcanzarán también la pensión de Cristina Fernández. Hoy, en bruto, unos 15,6 millones de pesos, alrededor de 37 jubilaciones mínimas, aunque la orden judicial para pagarla está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, correspondería que la cobrara pues la recibe como viuda de Néstor Kirchner, no por su propia (o impropia) conducta. Ahora bien, Fernández debe devolver dinero al Estado como parte de su condena y hace un año que los trámites dan vueltas sin concreciones. Pero su pensión permite avanzar. Ya que se le descontarán tres millones de pesos mensuales hasta cubrir los adicionales mal abonados por zona austral cuando vivía en Caba, el gobierno debería aprovechar e instruir a la Anses que retenga otra parte, correspondiente al embargo penal. Nada comparado con el total requerido, pero por algo se empieza.
Tal vez se diga que la pensión tiene carácter alimentario, pero… ¿necesita alimentarse por quince millones de pesos? Suena a trastorno. La canasta básica alimentaria por adulto equivalente en el Gran Buenos Aires (línea de indigencia) está en 229.131 pesos. La canasta básica total (línea de pobreza), en 506.381 pesos. Y como jubilada está cubierta por el Pami. Hay un buen margen para embargar y no tocar derechos.
