Resumen para apurados
- El fiscal Gerardo Pollicita intimó en Buenos Aires al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar en 15 días un desbalance patrimonial de más de $43 millones.
- La investigación surgió tras una denuncia de Marcela Pagano. Un informe detectó que los gastos familiares superaron los ingresos por compras de bienes y criptomonedas.
- Adorni deberá documentar el origen lícito de sus fondos para evitar un procesamiento por enriquecimiento ilícito, en un caso que salpica al entorno del Gobierno.
En un paso decisivo dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita notificó formalmente a Manuel Adorni sobre la necesidad de justificar la evolución de su patrimonio. La medida surgió tras un exhaustivo informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI), que detectó irregularidades en la relación entre los ingresos declarados y los egresos reales del exfuncionario y su entorno familiar.
Gastos que superan los ingresos declarados
La investigación se centró en el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Según los cálculos de la fiscalía, durante su paso por la función pública, el grupo familiar de Adorni percibió ingresos por un total de $229.752.283,20. Sin embargo, en ese mismo lapso, los gastos registrados en concepto de seguros, expensas, impuestos, viajes y tarjetas de crédito ascendieron a $272.820.832,20.
Esta diferencia negativa de más de $43 millones es el eje central del requerimiento. El fiscal Pollicita sostiene que los desembolsos realizados no encuentran, hasta el momento, una explicación suficiente basada en las fuentes de ingresos lícitos comprobadas. La fiscalía ha calificado este requerimiento como una instancia técnica crucial, similar a una "indagatoria patrimonial", donde el imputado debe demostrar el origen lícito de sus fondos para evitar un procesamiento.
Propiedades en countries, reformas de lujo y criptomonedas
El documento de 210 páginas incluyó un cuestionario de más de 20 puntos específicos sobre operaciones que la Justicia considera sospechosas. Entre los requerimientos más sensibles, Adorni deberá aclarar el origen de los fondos para la adquisición y remodelación integral de un lote en el Country Indio Cuá. Según la investigación, se habrían pagado U$S 245.000 en efectivo por trabajos de reforma y compra de mobiliario, una cifra que no guarda correlación con su perfil fiscal.
Además, la Justicia puso el foco en la compra de un vehículo marca Jeep y en la supuesta inversión de U$S200.000 en Bitcoin que el exjefe de Gabinete afirmó poseer. La DAFI tuvo dificultades para rastrear estas operaciones en activos virtuales, lo que derivó en pedidos de información adicionales a plataformas de intercambio.
Adorni también deberá acreditar la existencia real de "mutuos" (préstamos privados) con familiares que habrían servido para justificar parte de su crecimiento patrimonial.
De la denuncia de Pagano al vuelo privado a Punta del Este
La causa se originó tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, a la que luego se sumaron otros legisladores, al señalar gastos desproporcionados respecto a los haberes de un funcionario público. Además de las inconsistencias en sus declaraciones juradas, que fueron rectificadas en varias ocasiones por el propio Adorni, el fiscal investiga un posible conflicto de intereses o dádivas.
En un expediente paralelo, se analiza el polémico viaje que Adorni realizó a Punta del Este en un avión privado durante un feriado de Carnaval. La Justicia intenta determinar quién financió el traslado y si existe un vínculo inapropiado con empresarios que mantienen contratos con el Estado, como la TV Pública.
Con la intimación de 15 días ya en marcha, el futuro judicial del exvocero y exjefe de Gabinete depende ahora de su capacidad para documentar de dónde salió el dinero que financió su estilo de vida durante su paso por el Gobierno.
