Los casos de corrupción en los que se vieron involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad son una señal preocupante de que las organizaciones criminales cuentan con recursos económicos y capacidad operativa suficientes para comprar voluntades e infiltrar instituciones clave del Estado.
Sólo en las últimas semanas se registraron episodios que encendieron las alarmas. Una médica de Gendarmería Nacional fue detenida por transportar droga. Siete policías federales fueron arrestados, acusados de cobrar sobornos para evitar el secuestro de mercadería de contrabando a bagayeros y tours de compras. Siete efectivos de la fuerza provincial fueron separados de sus cargos porque son investigados por un presunto intento de robo de droga. Además, en Tucumán se secuestró cocaína que, según los investigadores, podría haber sido retirada de circulación en un procedimiento anterior y luego reinsertada en el circuito ilegal.
No sólo se trata de varios casos detectados en un corto período de tiempo. También preocupa la reiteración de conductas similares. El cobro de coimas a contrabandistas, la participación de uniformados en el transporte o comercialización de estupefacientes y las sospechas sobre efectivos involucrados en delitos vinculados al narcotráfico forman parte de investigaciones que se multiplican en distintas provincias del NOA.
La repetición de estos episodios expone, por un lado, la capacidad económica de las organizaciones criminales para corromper y, por otro, las debilidades de los mecanismos de control interno dentro de las propias instituciones. No alcanza con señalar la existencia de grupos delictivos cada vez más poderosos; también resulta necesario analizar por qué logran penetrar estructuras que deberían estar preparadas para enfrentarlos.
Justamente, durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA, los gobernadores plantearon esta preocupación a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Los mandatarios reclamaron mejoras salariales y laborales para los integrantes de las fuerzas federales, además de evitar nuevos recortes presupuestarios en áreas sensibles para la lucha contra el narcotráfico.
Las condiciones salariales y laborales pueden constituir un factor de vulnerabilidad, pero por sí solas no explican una problemática compleja. También deben analizarse las fallas en los sistemas de supervisión, auditoría y control sobre quienes tienen la responsabilidad de combatir a las organizaciones criminales.
La lucha contra el narcotráfico no se gana únicamente con más recursos, más equipamiento o más efectivos en las rutas. También exige controles rigurosos, sanciones ejemplares y una vigilancia permanente sobre quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley. Cuando las organizaciones criminales logran corromper a quienes deben perseguirlas, el problema deja de ser exclusivamente policial para transformarse en una amenaza institucional.
