Tras diez meses de complejos debates legislativos, Mesa apeló a una de las posibilidades que le concede la Constitución y se abstuvo de pronunciarse sobre esta ley, que define las nuevas condiciones para el desarrollo de la industria del gas.
"La ley queda automáticamente promulgada con la firma del presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez", dijo el ministro de la Presidencia, José Galindo, al dar a conocer la decisión del gobierno. El anuncio del jefe de Estado calmó un poco las voces de grupos radicales que exigían la nacionalización del gas; pero en opinión de opositores y analistas, el mutismo del mandatario puso en evidencia una intención de "lavarse las manos". Otros observadores ven como positiva la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos, que reemplazará la aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996 y rechazada por la mayoría de los bolivianos.
Con esta norma, Bolivia, uno de los países más pobres de la región, podrá recibir entre 500 y 600 millones de dólares anuales por la actividad gasífera, contra los cerca de U$S 150 millones que percibe actualmente. La legislación ahora vigente prevé un impuesto del 32% que no podrá ser acreditado por las empresas y mantiene en un 18% el cobro de las regalías para este sector. Contempla, además, un cuestionado artículo que obliga a la adecuación de los actuales contratos petroleros. Los nuevos tributos aliviarán el abultado déficit fiscal y otras necesidades de esta nación, que posee reservas gasíferas estimadas en 48,7 trillones de pies cúbicos, las segundas de Sudamérica después de las de Venezuela.
Mejor que antes
"Lo positivo de esto es que tenemos ley; buena o mala, no importa", opinó el analista Gonzalo Chávez, y estimó además que el Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, es responsable de la redacción de la norma "en un noventa por ciento". En igual sentido se pronunció el experto Jorge Lazarte. "El saldo es positivo, porque es mucho mejor que lo que se estaba recibiendo en concepto de tributos con la anterior ley", añadió.
Según el politólogo Alvaro García Linera, el gobierno neutralizó la presión que venía ejerciendo el Parlamento al dejar en manos de este la aprobación de esta legislación, aunque dejó abierta la posibilidad para eventuales reacciones de las petroleras. "Las que posiblemente empiecen a movilizarse no son las grandes sino las pequeñas empresas, que son las más golpeadas", pronosticó. No obstante, no descartó que la acción de los movimientos sociales y los posibles pedidos de expropiación desarmen los argumentos de las empresas.
Por su lado, el experto en temas energéticos Carlos Alberto López indicó que con esta ley se está empujando a las compañías. "No se les está dando más alternativa que recurrir a los procesos de arbitraje previstos en sus contratos", añadió, y condenó la abstención de Mesa. "Por mantenerse en la silla presidencial ha entregado el sector petrolero a los dictados de los grupos radicales en Bolivia", aseguró en coincidencia con declaraciones del dirigente Luis Eduardo Siles, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido de Sánchez de Lozada. (DPA)
