17 Mayo 2005 Seguir en 
LA PAZ.- En vísperas de la declaración del presidente Carlos Mesa sobre sus reparos a la ley petrolera sancionada por el Congreso, miles de indígenas y campesinos marchaban ayer hacia La Paz desde diversos puntos del país, en reclamo de una legislación de hidrocarburos que dé más poderes al Estado. Nutridas columnas de vecinos de la ciudad El Alto, próxima a La Paz y epicentro de una cruenta rebelión popular que hace 19 meses tumbó al presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, descendieron por diversas vías, y durante varias horas, hacia el centro de La Paz. En la plaza San Francisco ya se hallaban congregadas más de 10.000 personas junto con sus respectivos líderes sindicales y sociales.
Además de exigir la nacionalización de los hidrocarburos, los manifestantes demandan el cierre del Congreso y la renuncia de Mesa o el adelanto de elecciones.
Serio incidente
Las protestas callejeras, que hicieron colapsar las actividades en la capital, se desbordaron cuando un grupo de mineros y campesinos intentó tomar por la fuerza la sede del Poder Legislativo, en la Plaza de Armas. Los manifestantes, que emplearon fulminantes de dinamita, fueron dispersados con descargas de gas lacrimógeno por la policía. Dos civiles heridos y por lo menos cinco detenidos dejó la escaramuza que tuvo lugar a 200 metros del Palacio Quemado. El serio incidente obligó a evacuar el Parlamento y a reforzar con militares el centro de la ciudad.
Momento de decisión
En uno de los peores momentos de su administración, Mesa devolverá hoy al Congreso, con modificaciones puntuales, la ley energética. Deberá contar con un tercio más un voto de los 157 miembros del Congreso para convertir en ley sus observaciones. El mandatario, que no tiene representación en el Parlamento, se opone a una ley que espante la inversión extranjera y frene el desarrollo de la industria petrolera, en manos de 20 multinacionales desde 1997 en este país, el segundo reservorio de gas de Sudamérica. Por el contrario, sectores sociales y políticos se oponen a que se mantengan invariables las condiciones de explotación petrolera, y reclaman para el Estado la propiedad de los hidrocarburos bolivianos. (AFP-NA)
Además de exigir la nacionalización de los hidrocarburos, los manifestantes demandan el cierre del Congreso y la renuncia de Mesa o el adelanto de elecciones.
Serio incidente
Las protestas callejeras, que hicieron colapsar las actividades en la capital, se desbordaron cuando un grupo de mineros y campesinos intentó tomar por la fuerza la sede del Poder Legislativo, en la Plaza de Armas. Los manifestantes, que emplearon fulminantes de dinamita, fueron dispersados con descargas de gas lacrimógeno por la policía. Dos civiles heridos y por lo menos cinco detenidos dejó la escaramuza que tuvo lugar a 200 metros del Palacio Quemado. El serio incidente obligó a evacuar el Parlamento y a reforzar con militares el centro de la ciudad.
Momento de decisión
En uno de los peores momentos de su administración, Mesa devolverá hoy al Congreso, con modificaciones puntuales, la ley energética. Deberá contar con un tercio más un voto de los 157 miembros del Congreso para convertir en ley sus observaciones. El mandatario, que no tiene representación en el Parlamento, se opone a una ley que espante la inversión extranjera y frene el desarrollo de la industria petrolera, en manos de 20 multinacionales desde 1997 en este país, el segundo reservorio de gas de Sudamérica. Por el contrario, sectores sociales y políticos se oponen a que se mantengan invariables las condiciones de explotación petrolera, y reclaman para el Estado la propiedad de los hidrocarburos bolivianos. (AFP-NA)
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