La causa en la que se investiga la comercialización de drogas sintéticas tuvo un avance significativo. Uno de los detenidos decidió colaborar con la Justicia, se acogió a la figura del “imputado arrepentido” y aportó información que podría resultar clave para desentrañar el funcionamiento de la organización investigada.
El origen de esta pesquisa fue, literalmente, una casualidad. El 10 de abril, Enrique Sánchez Loria (36) protagonizó un accidente de tránsito en avenida Aconquija al 1.600, en Yerba Buena. Ese episodio marcó el inicio de la investigación.
Mientras era asistido por los efectivos que intervinieron en el siniestro, los policías encontraron en su mochila cinco tubos que contenían una sustancia compatible con drogas sintéticas. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas confirmó posteriormente esa sospecha y, a partir de entonces, se inició una causa judicial.
Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos indicios, la Justicia autorizó un allanamiento en un departamento ubicado en Jujuy al 200.
Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron unas 500 pastillas de éxtasis, más de 200 gramos de tusi, ketamina líquida, troqueles de LSD y cocaína. En esa oportunidad fue detenido N.A., quien inicialmente aseguró ser un simple consumidor, aunque posteriormente surgieron elementos que lo vincularían también con la comercialización de estas sustancias.
Ese hombre, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones procesales, solicitó a través de su abogado, el auxiliar de defensor oficial Maximiliano Movsovich, acogerse al régimen de colaboración previsto por la ley para mejorar su situación procesal.
El fiscal José Sanjuán Quiroz tomó declaración al acusado y obtuvo información considerada de relevancia para profundizar la investigación. El contenido de esos dichos permanece bajo estricta reserva.
Tal como establece el Código Procesal, ayer se desarrolló una audiencia reservada para formalizar el acuerdo. Fuentes judiciales señalaron que la auxiliar fiscal Elina González expuso los términos del convenio y detalló la naturaleza de los datos aportados por el imputado.
Con la conformidad del juez Guido Buldurini y sin objeciones por parte de la defensa, también se resolvió prorrogar la prisión preventiva del colaborador hasta el 29 de julio, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La declaración habría complicado la situación procesal de Sánchez Loria. Su defensor, Jorge Montalván Rentería, insistirá con el planteo formulado cuando se le imputaron los cargos.
Investigación irregular
Los abogados sostienen que la investigación se inició de manera irregular y que, por esa razón, todas las actuaciones posteriores deberían ser declaradas nulas.
La controversia se centra en el hallazgo de las sustancias que dieron origen al expediente. Los policías que intervinieron en el accidente afirmaron que revisaron la mochila de Sánchez Loria con el objetivo de identificarlo y que, en ese contexto, encontraron la droga.
La defensa sostiene una versión diferente. Según los abogados, su asistido nunca perdió el conocimiento y los uniformados inspeccionaron sus pertenencias sin autorización judicial ni fundamento legal suficiente, vulnerando garantías constitucionales básicas.
Ese planteo podría transformarse en uno de los principales ejes de discusión de una causa que, tras la aparición del primer colaborador, parece haber ingresado en una nueva etapa.
