El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron en un acuerdo salarial y presupuestario que contempla recomposiciones para docentes y no docentes, incrementos en becas y nuevos fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, el entendimiento no logró cerrar el conflicto del sector: gremios docentes agrupados en Conadu Histórica rechazaron la propuesta y ratificaron medidas de fuerza, mientras continúa en la Corte Suprema la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta acordada incluye una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos tramos: un aumento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo informado, la mejora contempla siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar parte de la pérdida acumulada hasta mayo de este año.
Además, el acuerdo incorpora el compromiso de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante 2026 y prevé una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios.
En materia presupuestaria, también se estableció un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país. A eso se suma una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Rechazo gremial
Pese a la firma del acuerdo por parte de algunos sectores, la propuesta fue rechazada por Conadu Histórica, federación que nuclea a la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) y otros gremios docentes universitarios.
La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, sostuvo que el Congreso de la federación resolvió no acompañar el entendimiento y mantener las medidas de fuerza ya anunciadas. “El Congreso de Conadu Histórica, la Federación que nos nuclea, votó a favor de rechazar este acuerdo con 71 votos de los congresistas. Por otro lado se resolvió sostener y ratificar el paro de la próxima semana, del 16 al 20 de junio”, afirmó.
Rodríguez cuestionó además los alcances políticos del acuerdo y vinculó la negociación con la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. “Este supuesto acuerdo es una suerte de operación política que busca tirar abajo la ley de financiamiento universitario. Con la firma de todas las partes, el Gobierno ahora irá a la Justicia y va a pedir la nulidad de la causa. Ese es su objetivo”, aseguró.
Según explicó, mientras el acuerdo prevé una recomposición acumulada del 24,33%, la Ley de Financiamiento Universitario contempla una recuperación salarial cercana al 55% desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de la realización de paritarias trimestrales para actualizar los haberes. “Ahora el Gobierno pretende cerrar el conflicto universitario dándonos el 21% y patear para 2027 el resto, además de eliminar la lucha por la ley de financiamiento universitario”, cuestionó.
El conflicto continúa
Rodríguez también cuestionó uno de los puntos presentados por el Gobierno como parte del acuerdo: el incremento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Según señaló, la medida beneficia a un universo limitado de estudiantes y deja afuera a quienes perciben otros programas de asistencia.
“Las becas Manuel Belgrano son únicamente para carreras estratégicas, es decir, cobran solo un grupo de estudiantes. Por el contrario, las becas Progresar son para todos y siguen congeladas en $35.000”, sostuvo.
Por último, la dirigente también advirtió que el rechazo al acuerdo podría expresarse más allá de las estructuras sindicales formales. En ese sentido, señaló que en distintas universidades ya se registran asambleas y espacios de organización que cuestionan la propuesta salarial. “Hubo federaciones que firmaron este acuerdo, pero hay procesos en estos momentos, con asambleas y autoconvocatorias de docentes, que votaron masivamente rechazar estas ofertas. Esto va a generar el avance de la lucha pese a las propias dirigencias sindicales”, afirmó.
