Después de cinco años de exigencias de la sociedad civil y de algunos sectores políticos, que incluyó la recopilación de firmas (a nivel país se van reuniendo más de medio millón de voluntades por este mismo tema que está pendiente en el Congreso nacional) y tras un año y medio de trabajo legislativo (desde noviembre de 2024), finalmente Tucumán se convirtió en la novena provincia en aprobar, por unanimidad, una ley de Ficha Limpia, que restringe el acceso y la permanencia de funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado ante penas iguales o mayores a tres años por crímenes dolosos, cuya etapa procesal se encuentre con condena en “segunda instancia”. No abarca delitos culposos, como por ejemplo accidentes de tránsito.
Las penas menores a tres años, según el artículo 26 del Código Penal, no incluyen prisión efectiva y pueden ser dictadas como condena en suspenso, siempre que sea su primera condena y cumpla requisitos de conducta. Tucumán se suma a normas similares que rigen en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba.
La normativa no sólo impactará en cargos electivos, sino también en designaciones dentro de la administración pública. En el Ejecutivo quedan comprendidos: ministros, secretarios y subsecretarios de Estado; directores y subdirectores; titulares de organismos de control; autoridades de entes autárquicos y descentralizados; responsables de sociedades con participación estatal; interventores y también la cúpula de la Policía. En el Poder Legislativo incluye a funcionarios administrativos como secretarios y prosecretarios de la Legislatura, así como secretarios y prosecretarios de bloque, además de directores y subdirectores. En tanto, en el Judicial abarca a los vocales de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, junto con otros funcionarios judiciales definidos por ley. En los 19 municipios y las 93 comunas alcanza a funcionarios de los departamentos ejecutivos y de los concejos deliberantes y a los jueces de faltas. La nueva norma prevé también un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia; la presentación de una declaración jurada para los aspirantes a ser electos o designados en un cargo jerárquico (asegurando no tener condenas por los delitos inhabilitantes); y la posibilidad de que ciudadanos o instituciones presenten un recurso de impugnación contra un candidato alcanzado por esta ley. Ficha Limpia incluye 15 apartados con figuras inhabilitantes, con delitos graves como los cometidos contra la Administración Pública; tráfico de estupefacientes; contra la integridad sexual; contra el medio ambiente; trata de personas; y delitos de lesa humanidad, entre otros. Están alcanzados además los deudores alimentarios que aparezcan en los registros oficiales.
Si bien se trata de un mensaje muy positivo y claro, que viene a saldar una antigua deuda con la sociedad, entre los proyectos “incómodos” que de igual modo se vienen evitando abordar, figuran, entre otros, la reforma política (con la que se avanzó en estudios pero quedó congelada), la transparencia del financiamiento político, una Ley de Acceso a la Información, y una Ley de Ética Pública, temas pendientes que también aparecen en la agenda social.
