Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: Ontiveros denunció una conspiración contra su esposa por estar ternada para ser jueza federal

El escenario judicial de Tucumán se alteró por una presentación que intenta dar vuelta el tablero en la causa por presunto tráfico de influencias en jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones. Luis Alejandro Ontiveros, a través de una extensa declaración espontánea por escrito, sostuvo una tesis preocupante: afirma que su imputación no es el resultado de un acto de corrupción, sino el daño colateral de una maniobra diseñada para destruir la carrera de su esposa, la abogada y relatora Solana Casella. Según el escrito, el avance de la causa coincide milimétricamente con el proceso de selección donde Casella integra la terna para ser jueza Federal N° 1 de Tucumán, que además debe resolver las cuestiones electorales en la provincia. Ontiveros afirma que se trata de una "causa armada" con el objetivo de erosionar el posicionamiento institucional de su pareja, utilizando la denuncia como un “instrumento de presión y descrédito” ante el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo Nacional.

La causa se inició el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación en la actual ARCA (ex AFIP), se presentó ante la fiscalía para relatar un presunto intento de venta de sentencias. Acusó a Ontiveros, señalado como "sobrino" del camarista Mario Leal, quien habría ofrecido un fallo favorable para el hijo del denunciante, Jerónimo Martínez Parada -procesado por lavado de activos en Catamatca-, a cambio de una suma que oscilaba entre los 80.000 y 100.000 dólares. La investigación, liderada por el fiscal Agustín Chit y supervisada por el juez José Manuel Díaz Vélez, avanzó sobre indicios que conectan directamente al entorno de la Cámara con el denunciado. Uno de los puntos más críticos fue que Ontiveros habria utilizado para sus encuentros un vehículo Fiat Toro registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignado específicamente a la vocalía de Mario Leal, según el requerimiento de indagatoria. A esto se sumaron evidencias de un vínculo estrecho: Ontiveros utilizaba la billetera virtual del camarista para gastos personales y compartía cátedra docente con él y con Casella en la Universidad Nacional de Tucumán. El caso entró en una fase de guerra de peritajes y estrategias legales. Mientras la querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, aportó una grabación realizadas con micrófonos ocultos y capturas de pantalla, la defensa dijo que según el propio informe de Gendarmería el único audio aportado que existe en el expediente, es inaudible. No se cuestionó su validez.

En este complejo entramado, la figura de Casella aparece como el disparador central de la defensa. Ontiveros fue enfático al señalar que su esposa se encontraba de licencia por maternidad ininterrumpida entre el 30 de enero y el 2 de junio de 2025, periodo en el cual, según la acusación del fiscal Chit, se habrían gestado las maniobras ilícitas. "Es materialmente imposible que ella tuviera acceso al expediente o injerencia en las resoluciones", sostiene el abogado, remarcando que el relator de la causa que afectaba al hijo del denunciante era Patricio Arroyo y no Casella. Para la defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, la mención de su esposa en la denuncia de Martínez Salazar Pérez es una "invención maliciosa" que busca dotar de una apariencia de veracidad a un relato que, a su juicio, carece de sustento fáctico y temporal.

Sin embargo, la investigación ha puesto bajo la lupa la extrema cercanía entre Ontiveros y el camarista Mario Leal, un vínculo que el fiscal utiliza para cimentar la hipótesis del tráfico de influencias. Según el fiscal, Ontiveros se presentaba como "sobrino de corazón" de Leal. La relación es tan estrecha que la casa donde viven Ontiveros y Casella "figura con una titularidad del camarista Mario Leal y anteriormente era titular la esposa del investigado, la dra Solana Casella", dice el requerimiento de indagatoria, y el abogado posee extensiones de tarjetas de crédito del magistrado, elementos que para la fiscalía prueban el "aparente poder" que Ontiveros vendía a terceros para influir en las sentencias de la Cámara, según se desprende de la investigación.

El fiscal Chit ha acumulado una serie de evidencias que complican la posición del letrado, incluyendo un audio (inaudible, segun dice la pericia), capturas de pantalla y el análisis de un teléfono celular donde se hallaron anotaciones sobre claves de sistemas informáticos y seguimientos de vacantes judiciales. En el peritaje, según trascendió, incluso se descubrió una captura de pantalla de un mail oficial de la Cámara en la que se leía parte del expediente con la situación legal del hijo del denunciante, algo a lo que Ontiveros no podría haber accedido ya que ese mail es de uso exclusivo de la Cámara. Ante esto, Ontiveros contraatacó denunciando una "expedición de pesca" y acusando a la fiscalía de filtrar datos sensibles a la prensa para alimentar un linchamiento mediático. En su descargo, asegura que el Ministerio Público intenta criminalizar vínculos personales y profesionales que "jamás fueron reservados ni clandestinos", y que la utilización de bienes del camarista responde a una relación de confianza familiar que no constituye delito alguno en el marco de su actividad como abogado particular.

La tensión en los tribunales de Las Piedras y Congreso es máxima, especialmente tras conocerse que cuatro camaristas titulares debieron excusarse de intervenir por su relación directa con Leal. Mientras tanto, el juez Díaz Vélez analiza este descargo antes de poner fecha definitiva a la indagatoria de Ontiveros como imputado. El abogado concluye su presentación afirmando que es víctima de una "estafa procesal" y que las pruebas de la fiscalía son "inconsistencias que exhiben una carencia probatoria alarmante", insistiendo en que el foco real de la persecución es el despacho de su esposa y el control de una de las sillas más codiciadas de la justicia federal tucumana.