AGOSTINA PÁEZ.
Este martes se realizará la primera audiencia del proceso judicial contra la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil desde el 14 de enero, acusada de haber realizado gestos racistas contra un ciudadano brasileño.
El episodio ocurrió a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, y quedó registrado por cámaras de seguridad y videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. A partir de ese hecho se radicaron tres denuncias penales por discriminación y la joven, de 29 años, permanece desde entonces bajo arresto domiciliario en un departamento alquilado, monitoreada con tobillera electrónica y con prohibición de salir del país.
Por los delitos que se le imputan, Páez podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, solicitada por la querella. “La extensión de la audiencia dependerá de lo que pase. Puede ser que termine hoy mismo y tengamos una definición, o que el juez continúe otro día”, explicó su abogada, Carla Junqueira. Días atrás, la letrada había señalado que la acusación se sustenta en tres figuras penales y que el objetivo de la defensa es “evitar el peor escenario”.
En declaraciones a ATP Stream, Junqueira adelantó que, si el juicio se prolonga, pedirá que se revoquen las medidas cautelares para que su clienta pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso desde allí. En ese sentido, indicó que actualmente hay 297 personas detenidas en Brasil por este tipo de delitos, en su mayoría ciudadanos locales.
La defensa también planteó que, en comparación con otros casos, Páez habría recibido un trato diferencial. “Los brasileños entienden que fue privilegiada por poder responder con tobillera, porque otros están efectivamente encarcelados. Pero al no poder volver a su país, eso también podría interpretarse como una respuesta al clamor social”, sostuvo Junqueira. De todos modos, aclaró que son pocos los extranjeros que terminan presos en Brasil por este tipo de hechos, ya que en general regresan a sus países de origen.
“Es muy difícil generar expectativas, pero si uno analiza estrictamente la parte técnica, ella debería poder volver y la condena debería ser baja. Lo que va a pasar no lo sabemos”, agregó la abogada. Respecto de una eventual sanción que incluya la prohibición de ingresar nuevamente a Brasil, explicó que no es una medida solicitada por la Fiscalía ni la querella, aunque podría surgir durante el proceso.
La audiencia se desarrollará en el Tribunal Penal número 37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. Allí, tanto la Fiscalía como la querella expondrán sus conclusiones en esta primera instancia procesal, que definirá si la causa avanza formalmente a juicio.
En paralelo, el padre de la acusada, Mariano Páez, viajó a Brasil para acompañarla y describió el estado emocional de su hija como “una depresión profunda”. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, señaló en declaraciones a TN. Según detalló, la joven recibe asistencia de psicólogos y psiquiatras.
El hombre también cuestionó la magnitud de la pena solicitada. “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”, afirmó, y criticó la falta de respaldo de autoridades provinciales. “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”, sostuvo. En ese sentido, indicó que solo mantuvo contacto con Cancillería, que confirmó estar al tanto del caso, aunque sin capacidad de intervención directa.
