CRISIS. El "shutdown" afectó los pagos de los trabajadores de seguridad aeroportuaria, por lo que las demoras se extienden en los aeropuertos de Estados Unidos. FOTO TOMADA DE CNNESPANOL.CNN.COM
En medio del creciente impacto del cierre del Gobierno en los servicios federales de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos aeropuertos del país, con el objetivo de aliviar la presión que enfrenta la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), afectada por renuncias y ausencias de personal.
La medida, que comenzará a implementarse de manera progresiva, estará coordinada por Tom Homan, quien confirmó que los agentes del ICE colaborarán en tareas operativas dentro de los aeropuertos, sin reemplazar funciones especializadas.
“Se trata de ayudar a la TSA a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por ese aeropuerto lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”, dijo Homan en el programa “State of the Union with Dana Bash”, de CNN.
El anuncio se produce en un contexto crítico para la red aeroportuaria de Estados Unidos. Desde el inicio del cierre del Gobierno, provocado por la falta de acuerdo en el Congreso sobre las leyes de financiamiento, miles de empleados federales han visto suspendidos sus salarios. Entre los más afectados se encuentran los agentes de la TSA, responsables de los controles de seguridad en los aeropuertos.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 400 trabajadores de la TSA han renunciado desde el inicio de la crisis presupuestaria. A esto se suma un aumento en las ausencias laborales, muchas de ellas vinculadas a la imposibilidad de afrontar gastos básicos como transporte o cuidado infantil sin percibir ingresos.
Como consecuencia directa, los aeropuertos de Estados Unidos comenzaron a registrar largas filas en los controles de seguridad, con demoras que en algunos casos superan las tres horas. Esta situación generó preocupación tanto en las autoridades como en la industria aérea, en especial ante la posibilidad de que el cierre del Gobierno se prolongue.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la continuidad del conflicto podría agravar aún más el escenario, con un mayor número de renuncias y ausencias entre el personal de la TSA, lo que derivaría en nuevas interrupciones en los viajes.
En este marco, Homan explicó que el despliegue del ICE buscará reforzar tareas secundarias dentro de los aeropuertos, permitiendo que los agentes de la TSA se concentren en funciones clave como los controles de equipaje y pasajeros.
“Simplemente estamos ahí para ayudar a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X; no nos encargamos de eso”, dijo Homan. “Pero podemos desempeñar funciones para liberar a los agentes de la TSA de tareas menos importantes, como vigilar una salida para que puedan volver a las máquinas de escaneo y agilizar el paso de las personas. Estamos ayudando a nuestros compañeros agentes de la TSA”.
El plan contempla priorizar los aeropuertos con mayores niveles de congestión, especialmente aquellos donde las demoras son más prolongadas. Paralelamente, las autoridades señalaron que el ICE continuará desarrollando sus funciones habituales de control migratorio.
Las críticas de la oposición demócrata
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Desde la oposición demócrata, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuestionó la medida y la vinculó con la disputa presupuestaria en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.
“Es lamentable que los republicanos hayan decidido que prefieren obligar a los agentes de la TSA a trabajar sin paga, causar inconvenientes a millones de estadounidenses en todo el país y ahora exponerlos potencialmente a agentes del ICE sin entrenamiento y crear caos en los aeropuertos de todo el país, en lugar de controlar a los agentes del ICE”, dijo Jeffries a Dana Bash, de CNN.
El despliegue también fue analizado por legisladores republicanos, como el senador John Kennedy, quien consideró que la medida “podría ser útil” como solución parcial ante las largas filas, aunque aclaró que no resolverá el problema de fondo.
“Si planean usar a algunos agentes del ICE para ayudar con el control de multitudes y así liberar al personal de la TSA para que realice los controles, podría imaginar un escenario en el que eso podría ser útil”, señaló.
Mientras tanto, las negociaciones en el Congreso continúan sin una resolución inmediata. Republicanos y demócratas mantienen diferencias clave sobre las políticas migratorias impulsadas por Trump, lo que ha trabado la aprobación del presupuesto necesario para reactivar el funcionamiento pleno del Gobierno.
Entre los puntos de conflicto se destacan las exigencias demócratas para limitar ciertas prácticas del ICE, como la necesidad de órdenes judiciales en operativos migratorios y la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes, demandas que la Casa Blanca rechaza.
En paralelo, crece la presión para alcanzar un acuerdo antes del receso legislativo de Semana Santa, lo que podría definir el futuro inmediato del cierre del Gobierno y sus efectos sobre servicios esenciales.
En este escenario, los aeropuertos de Estados Unidos se mantienen como uno de los sectores más visibles del impacto de la crisis, con millones de pasajeros afectados por demoras e incertidumbre. La implementación del plan anunciado por Trump será clave para determinar si logra mitigar, al menos parcialmente, las consecuencias de un conflicto político que continúa sin solución.
