MARÍA CASH. La joven está desaparecida desde el 8 julio de 2011.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del camionero Héctor Romero, investigado por la desaparición y presunto crimen de María Cash. Con esta decisión, el expediente seguirá abierto y el acusado continuará bajo sospecha en la causa que se tramita desde 2011.
Fuentes judiciales indicaron que la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa particular de Romero.
Los magistrados consideraron que la resolución previa de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que había revocado el sobreseimiento del camionero, no constituye una sentencia definitiva ni una decisión que cierre el caso. Por ese motivo, entendieron que el expediente debe continuar en curso.
El fallo de Casación, dictado este viernes, señala que la decisión cuestionada no cumple con los requisitos legales para ser revisada en esta instancia, ya que no pone fin a la acción penal ni impide que el proceso avance.
Los jueces también destacaron que la defensa no logró demostrar la existencia de un perjuicio actual que no pudiera repararse en etapas posteriores del proceso, por lo que descartaron intervenir para frenar la investigación.
Además, el tribunal resolvió imponer las costas a la defensa de Romero y dejó asentada la reserva de caso federal, lo que habilita a la parte a recurrir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una desaparición que lleva más de 14 años
La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011. Ese día fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en la localidad salteña de General Güemes, cuando subía al camión conducido por Romero.
Desde entonces, la joven diseñadora nunca volvió a ser vista y su paradero sigue sin resolverse. La causa, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Salta, acumula más de 14 años de investigación, cerca de 20.000 fojas y decenas de cuerpos en el expediente.
En diciembre pasado, la Cámara Federal de Salta ya había revocado el sobreseimiento de Romero y ordenado que la investigación continúe. En esa resolución, los jueces Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas sostuvieron que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso y remarcaron que todavía quedan medidas de prueba pendientes.
El fallo respaldó la hipótesis de la fiscalía, que advirtió sobre la existencia de falsos testimonios de personas que afirmaron haber visto cuando Romero dejó a la joven.
Según surge del expediente, el camionero fue la última persona en estar con Cash antes de su desaparición. Además, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato y señalaron que no existen testigos creíbles que confirmen su versión de que la diseñadora descendió del vehículo en la zona de la Difunta Correa.
Pruebas pendientes y nuevas medidas
A lo largo de los años, la investigación transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios. El expediente estuvo marcado por pistas falsas, hipótesis vinculadas a redes de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.
Entre las medidas pendientes, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron renovar los estudios de geolocalización y velocidad del camión, además de analizar el entorno laboral y familiar de Romero. En ese contexto, se detectaron conversaciones sospechosas y posibles maniobras destinadas a encubrir lo ocurrido.
La Cámara de Salta también ordenó conformar una mesa técnica con peritos de Gendarmería Nacional Argentina y del Ministerio Público, además de identificar a empleados del supermercado que participaron en la descarga del camión, verificar la documentación del viaje y realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal. Allí, una denuncia anónima señaló que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.
En paralelo, el tribunal rechazó el último intento de apartar del caso a la jueza Mariela Giménez, quien había alegado “violencia moral” tras la revocatoria de un sobreseimiento dictado por ella misma. La Cámara consideró que su intervención previa no afecta su imparcialidad ni condiciona su desempeño futuro, y advirtió que removerla solo provocaría nuevas demoras.
De esta manera, la causa por la desaparición de María Cash continúa sin esclarecerse y seguirá en investigación, con el camionero Héctor Romero como principal sospechoso.
