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“Falta mucho para las elecciones”. “Estamos ocupados en solucionar los problemas de la gente”. “No es momento de hablar de candidaturas”. “Nuestra prioridad son las ideas, no los nombres”. “Queremos pensar en el proyecto, no en las candidaturas”.
Son algunas frases que más o menos con exactitud pronuncian los dirigentes de los distintos partidos políticos cuando se les consulta frente a los micrófonos por las elecciones del año próximo. Intentan disimular que ese pensamiento ocupa parte de su cabeza, cada noche, antes de apoyarla sobre la almohada.
El año electoral ya está entre nosotros.
Los propios políticos adelantaron los tiempos de la mano de un potente cruce de declaraciones entre dos actores principales: el oficialismo provincial y La Libertad Avanza. La dinámica muestra a un equipo libertario que se calzó el traje de adversario principal del Gobierno local a partir de su segundo lugar en las elecciones de medio término de 2026 y a un jaldismo que legitima ese rol de los seguidores de Javier Milei. A cada planteo de LLA hay una respuesta oficialista y una retroalimentación declarativa-discursiva que afianza la polarización que ya se evidenció el año pasado en las urnas.
Ambos equipos adelantaron esos tiempos o en realidad confirmaron que el reloj de las urnas siempre camina más rápido por estos lares. De ahí la pregunta del título de esta columna: ¿cuándo se votará en Tucumán en 2027? Lo que se habla en despachos y oficinas públicas de distintos poderes del Estado provincial, en los municipios y en las comunas es que falta poco para que la maquinaria electoral se ponga en marcha, porque las definiciones ya se cuentan por “meses” y no por “años”.
Las decisiones sobre la fecha en la que iremos a votar los tucumanos están hoy atravesadas por las que se puedan tomar en Buenos Aires. El plan que hoy cocina la Casa Rosada, bajo la batuta de Karina Milei, tiene un objetivo que excede lo fiscal. Según reveló recientemente el periodista Santiago Dapelo en el diario La Nación, la estrategia de “El Jefe” es avanzar hacia la eliminación de las PASO y, fundamentalmente, hacia una unificación total del calendario electoral. La premisa es clara: que la marca “Milei” sea la que traccione cada rincón del país, sin que los gobernadores puedan “despegar” sus distritos de la suerte del Gobierno nacional. El pretexto que podría utilizar Karina es el “ahorro” que podría significar votar en todo el país una sola vez, pero el fondo de la cuestión es netamente político.
Sin embargo, en Tucumán, esa pretensión porteña choca contra una muralla institucional y una costumbre política: el adelantamiento.
El mayo que no fue
Para entender el nerviosismo que hoy genera la idea de una unificación nacional, hay que recordar el descalabro de 2023. El adelantamiento a mayo de aquel año no fue un ejercicio de autonomía federal, sino una maniobra de supervivencia: Juan Manzur necesitaba blindar su chance de continuidad en el poder ante el desgaste de un Gobierno nacional que se hundía en las encuestas de la mano de un Alberto Fernández con una administración nefasta. La consigna era votar “cuanto antes mejor” para que el peronismo tucumano no quedara pegado al naufragio.
Pero la ambición personal del senador casi termina en desastre. El “traspié” de Manzur no fue un error de cálculo, fue un desafío abierto a la forma republicana de gobierno. Al intentar postularse como vicegobernador tras haber agotado sus mandatos como gobernador y vice previos, Manzur ensayó una carambola legal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó en seco.
El impacto fue profundo. A solo cinco días de las urnas, con las boletas ya impresas y el vendaval de acoples listo para ser repartido, el fallo de la Corte suspendió los comicios. Tucumán entró en un limbo institucional de 72 horas frenéticas donde se barajó de todo, desde la desobediencia hasta la intervención federal.
El repliegue y el recálculo
La caída de Manzur fue el precio para destrabar el proceso. Tras su renuncia a la candidatura y la unción de Miguel Acevedo como compañero de fórmula de Jaldo, el calendario se movió al 11 de junio. Fue una victoria pírrica para la institucionalidad: se votó, sí, pero bajo reglas que se acomodaron a los empujones, dejando en claro que el artículo 43 de nuestra Constitución es más una sugerencia que una norma, siempre y cuando un fallo judicial lo convalide.
Ese antecedente de mayo/junio es el que hoy sobrevuela en los despachos oficiales. Si en 2023 el adelantamiento sirvió para despegarse de un peronismo nacional en crisis, en 2027 la lógica podría ser inversa, pero con el mismo objetivo: evitar que la marca de La Libertad Avanza -que Karina Milei quiere imponer en una boleta única unificada- ponga en riesgo la hegemonía local. Por ahora son todas especulaciones, pero que se hacen en cada encuentro del que participan propios y extraños en el juego de la política.
