SECUENCIA. El ataque a Joaquín Rodrigo Ibarra fue registrado por una cámara de seguridad.
Al cumplirse un mes del crimen de Joaquín Ibarra, sus familiares marcharán este jueves para sostener el reclamo por justicia. Los parientes y allegados se concentrarán en Banda del Río Salí, marcharán hasta la plaza Urquiza y, de allí, se dirigirán al edificio del Ministerio Público, ubicado en avenida Sarmiento al 500.
El 12 de enero, con la autorización de sus padres, el joven de 21 años tomó un Uber para dirigirse a la casa de un amigo, en Alderetes. Cuando estaba en la puerta de la vivienda, fue abordado por dos adolescentes. “Uno de los atacantes se acercó con un arma de fuego. Al advertir que lo estaban por asaltar, Joaquín arrojó su celular por encima de una reja y solo se quedó con una bolsa con ropa que llevaba en la mano. Luego levantó sus brazos”, informó Juan Pablo Bello, representante legal de la familia de la víctima.
“Él le tiró esa bolsa para que no le hicieran nada; el delincuente la levantó y se la entregó al cómplice que lo esperaba en su moto. Luego regresó y le efectuó un disparo en la cabeza”, añadió el profesional. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció.
La secuencia del crimen fue registrada por una cámara ubicada en el lugar donde se cometió el asesinato. Personal de la ex Brigada de Investigaciones realizó un operativo en el que logró atrapar a los supuestos autores del hecho, uno de 16 y otro de 17 años. Sus nombres no pueden ser publicados al tratarse de menores de edad. Tampoco se puede brindar ningún dato que lleve a su identificación, tales como apodos o domicilios.
La audiencia
El auxiliar Miguel Fernández, siguiendo las instrucciones de la fiscal María del Carmen Reuter, pidió que se los acusara de homicidio agravado criminis causa, en carácter de coautores. También solicitó que se les dictara la prisión preventiva por cuatro meses. El juez interviniente avaló todo lo solicitado por el Ministerio Público y los procesados fueron alojados en el Instituto Roca.
“La imputación sostiene que Joaquín fue asesinado para evitar que pudiera reconocer posteriormente a quienes cometieron el ilícito”, explicó Bello. “Pero también estamos analizando otra hipótesis: el homicidio se podría haber cometido por no haber logrado el fin propuesto. Esa vinculación se sostiene en el hecho de que la víctima habría arrojado su celular, lo que podría haber frustrado el robo”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
Esta nueva teoría tiene una razón. Los defensores habían advertido que en el video quedaba en claro que el autor del hecho no había disparado directamente contra Joaquín, sino que el disparo se produjo cuando le propinó un golpe en la cabeza con el arma.
Por otra parte, en la misma audiencia, el juez ordenó que se abriera una investigación en contra de los policías que detuvieron a los ahora procesados. Sus familiares denunciaron que el procedimiento fue ilegal porque no contaban con autorización judicial. Además, dijeron que habrían recibido una especie de tortura psicológica para que revelaran dónde se encontraban y también señalaron que sufrieron apremios ilegales después de haber sido detenidos.
Cómo sigue
“En este caso concreto, ambos imputados son punibles, ya que tienen entre 16 y 17 años. Además, se les atribuye un delito de acción pública cuya pena supera ampliamente los dos años”, explicó Bello. “En estos momentos, se está trabajando fuerte para sumar más evidencias en contra de los imputados. La fiscalía tiene seis meses para solicitar que los acusados sean enjuiciados”, añadió.
Según la legislación vigente, los imputados afrontarán un proceso como si fueran adultos, pero recibirán penas distintas por haber sido menores de edad cuando fueron acusados del crimen. “Las personas que cometen este tipo de delitos deben ser condenadas a perpetua, pero la normativa argentina impide aplicar esa pena a menores de edad”, detalló.
“Los juicios en estos casos se dividen en dos etapas. En un primer debate se define su responsabilidad penal, es decir, si son culpables o inocentes. Luego, en la segunda etapa, un magistrado debe imponerles una pena menor. La condena deberán cumplirla cuando alcancen la mayoría de edad. Mientras tanto, deben cumplir las medidas que les dicte un juez especializado”, finalizó Bello.
Reunión y algo más
El representante legal de la familia confirmó que mantuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno. El encuentro no solo fue para informar sobre la marcha que realizarán, sino que además detallaron el estado de la causa y pidieron apoyo en su reclamo de justicia.
La muerte de Joaquín generó reacciones políticas a nivel nacional y provincial. Fue uno de los casos que motivó a la administración de Javier Milei a acelerar el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno había enviado un proyecto a la Cámara de Diputados, pero en las últimas horas decidió retirarlo al advertir que ya avanzaba una iniciativa impulsada por legisladores oficialistas y dialoguistas.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la creación del “Instituto de Menores Cura Brochero” en el penal de Benjamín Paz. En principio, según trascendió, al menos seis adolescentes serán alojados en un espacio que está siendo acondicionado para que no se mezclen con el resto de los detenidos. Especialistas de diferentes áreas y organizaciones cuestionaron la medida.
