LAS TIPAS. Gendarmes en el ingreso al predio, durante el operativo que se realizó el año pasado en el lugar reclamado por la Universidad.
La Universidad Nacional de Tucumán pidió ante el juez federal 2 el rol de querellante en la causa contra Carlos Antonio Torres y otros por usurpación y daño ambiental en un predio de nominado Las Tipas, ubicado dentro del parque Sierra de San Javier en Tapia. Esas tierras están dentro del predio de 1765 hectáreas que ocupaban los herederos de Guillermina Inés Viaña de Colombres Garmendia, que la UNT había adquirido con la expropiación de 1.800 hectáreas en el cerro San Javier y en Horco Molle realizada en 1948.
Se trata de un predio de 470 hectáreas en la ruta 341, a la altura del kilómetros 14/15, que está en litigio desde 2003, cuando el guardaparques Esteban Terán descubrió que había dos viviendas construidas.
Oferta de devolución
En 2017 comenzó un proceso judicial. Torres arguyó que el predio era de su propiedad por prescripción adquisitiva y ya para entonces la UNT descubrió que había siete viviendas levantadas. El año pasado, Torres ofreció devolver 440 hectáreas a la Universidad y quedarse con 30. Mediante su abogado, Patricio Frías Silva, dijo que tenían posesión del predio con producción agropecuaria y ganadera “desde tiempos inmemoriales”, antes de la constitución de la UNT en 1914, e identificó siete viviendas a nombre de personas de su familia. Negó que haya habido daño ambiental y alegó que fue él quien protegió esas tierras.
En marzo de 2025 la justicia hizo lugar a la cautelar solicitada por la UNT y ordenó a Torres suspender de inmediato toda construcción de vivienda o edificación, tala de árboles y de toda especie vegetal, desmonte y cualquier otra actividad o acción humana en el sector de las 470 hectáreas.
Incidente en 2019
En 2019 los guardaparques descubrieron que alguien había abierto una picada de casi tres kilómetros para instalar unas mangueras para extraer líquido de un ojo de agua que se encuentra dentro del parque universitario, para proveer a un emprendimiento inmobiliario lindero. La UNT, con amparo de la Justicia, hizo remover esas mangueras y secuestrar todos los elementos utilizados. La UNT informó que con motivo de esta acción se reveló que la empresa Di Bacco había convenido con Torres la extracción de 400m3 de agua por día agua a cambio de dos o tres lotes de 1.000 m2 cada uno en el barrio que se estaba construyendo junto al predio universitario. Además, según informó el abogado de la UNT, Máximo Castro, Torres había vendido 16 hectáreas a Marcelo Segundo Villarreal (ya fallecido).
Castro afirma que Torres ha reconocido, en la presentación que hizo su abogado a la justicia el año pasado, que la propiedad a prescribir de 470 hectáreas “fue desmontada casi en su integridad por mi mandante”, lo cual, según el abogado de la UNT, es “un ecocidio”.
Si se concede el rol de querellante, además de ser denunciante la UNT podrá aportar pruebas y elementos para que avance la causa. Además de Torres están acusados integrantes de su familia, Carla Gabriel, Marcelo Alejandro, Melissa Maribel, Manuel Ignacio, Susana Azucena y Juan Manuel Torres, “y cualquier otra persona que pudiera resultar responsable después de la investigación que se lleva adelante por delito de usurpación y/o cualquier otro delito ambiental o de daño que pueden surgir en la presente investigación”.
