Tras la pausa de la feria judicial, el juicio por la denominada Causa Cuadernos retomó su actividad con una fuerte ofensiva de las defensas. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, inauguró la etapa de cuestiones preliminares con un pedido de nulidad total del expediente. La ex mandataria, quien se ausentó de la audiencia tras haber sido intervenida recientemente por un cuadro de apendicitis, fundamentó a través de su letrado que el proceso nació de un “engaño” y una manipulación deliberada del sistema judicial.
El eje central del cuestionamiento de Beraldi giró en torno a la figura del forum shopping. La defensa denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio tomaron contacto directo con la prueba antes del inicio formal del expediente para asegurar que el caso quedara bajo su órbita. Según el abogado, esta estrategia buscó elegir a dedo un tribunal específico, viciando de origen la imparcialidad del proceso y convirtiendo la instrucción en un montaje diseñado para perseguir políticamente a su defendida.
Ley del Arrepentido
Asimismo, la defensa se arremetió contra la implementación de la Ley del Arrepentido, calificándola como un instrumento de “presión y chantaje”. Beraldi sostuvo que el juez Bonadio utilizó la amenaza de prisión preventiva para quebrar voluntades y forzar declaraciones, transformando la Justicia en un elemento de extorsión. Para respaldar esta tesis, citó el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, exponiendo conversaciones que sugerirían un nexo ilícito con el fiscal Stornelli para fabricar testimonios bajo coacción.
A la ola de cuestionamientos se sumó Maximiliano Rusconi, defensor del ex ministro Julio De Vido, quien solicitó la suspensión inmediata del proceso. Rusconi argumentó que las acusaciones contra su cliente padecen de una “vaguedad” extrema, careciendo de descripciones precisas sobre acciones u omisiones concretas. Además, invocó el principio de “cosa juzgada” al recordar que De Vido ya fue absuelto por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde la justicia determina que su rol como ministro era meramente jerárquico y no funcional.
La validez de las anotaciones del chofer Oscar Centeno también volvió al centro de la tormenta. Los defensores insistieron en que su indagatoria fue producto de una extorsión y plantearon la inconstitucionalidad de la ley 27.304. El argumento principal es que dicha norma no debería aplicarse de forma retroactiva a hechos ocurridos antes de su sanción en 2016, lo que invalidaría el estatus de los 25 colaboradores imputados cuyas confesiones sostienen el andamiaje principal de la acusación.
