A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
VA A COMENZAR EL DEBATE. El proyecto busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 o 14 años.
Lo sucedido con Jeremías Monzón, el chico al que tres menores asesinaron en Santa Fe mientras lo filmaban, parece haber derribado la mayoría de las barreras que evitaban que el Gobierno nacional avance en su proyecto de bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 o 14 años. La modificación fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso con un mensaje claro: actualizar el régimen penal juvenil y responder a la creciente demanda social por mayor seguridad. El tratamiento parlamentario comenzará formalmente este lunes, en un debate que ya divide a la opinión pública, al oficialismo y a la oposición. Según las encuestas, el 70% de la población está de acuerdo con el cambio.
La ley vigente en Argentina, la Ley 22.278 de 1980, establece que los menores de 16 años no son punibles penalmente, y que los de 16 y 17 años están sujetos a un régimen especial de responsabilidad juvenil. El proyecto oficial, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, propone reemplazar ese marco jurídico por uno nuevo que abarque a adolescentes de entre 13 y 18 años, con un régimen penal específico que combina sanción, medidas educativas, control judicial y dispositivos de reinserción social.
La iniciativa busca fomentar la responsabilidad legal de adolescentes por sus actos, pero a la vez incorporar normas de debido proceso, proporcionalidad y tratamiento diferenciado según la edad. Prohíbe que los menores sean detenidos con adultos y prevé que toda privación de libertad se haga en espacios especializados, con un máximo de pena de 20 años y posibilidades de sustitución parcial según el cumplimiento de condiciones.
En el oficialismo, las voces de quienes impulsan la reforma han sido firmes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo en reiteradas apariciones públicas que el proyecto es una respuesta necesaria ante hechos de violencia cometidos por menores y que “los mayores de 13 años tendrán responsabilidad penal para ir presos”. Para los funcionarios, la legislación actual quedó “desfasada” y facilita “situaciones de impunidad”, por lo que hay que actualizarla para enfrentar la realidad de la criminalidad juvenil.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también ha defendido el proyecto destacando la injusticia que, según él, produce el régimen actual tanto para las víctimas como para los propios adolescentes, que regresan a la calle sin una correcta intervención estatal. El Gobierno subraya que un nuevo régimen penal juvenil debe articular sanción y políticas de educación y reinserción, no limitarse a la privación de libertad.
La oposición y diversas organizaciones civiles han planteado fuertes críticas. Desde bloques opositores en el Congreso hasta sectores de la sociedad civil -incluida la Iglesia- cuestionan que la baja de la edad de imputabilidad sea la solución a la inseguridad, y enfatizan que no aborda las causas estructurales de la violencia, además de recordar que las estadísticas oficiales señalan que los menores representan un porcentaje reducido del total de delitos registrados. Advierten que una reforma de estas características exige antes una infraestructura adecuada, políticas preventivas robustas y un debate profundo sobre derechos humanos y desarrollo juvenil.
El debate se enmarca además en tensiones internas del propio oficialismo, donde existen diferencias sobre cuál debería ser la edad exacta de imputabilidad y la forma en que se diseñará el régimen penal juvenil. Algunos aliados han sugerido fijar la imputabilidad en 14 años, mientras que otros sectores del Ejecutivo llegaron a proponer edades incluso menores.
Para que el proyecto se convierta en ley, deberá ser tratado en comisiones y luego aprobado en ambas cámaras del Congreso -Diputados y Senadores- con mayoría simple. La incorporación al temario de las sesiones extraordinarias, que se extienden del 2 al 27 de febrero, permite que el debate se inicie con cierta prioridad, aunque existe la posibilidad de que su tratamiento se prolongue hasta el período ordinario que comienza el 1° de marzo, dada la complejidad política y técnica de la reforma.
La discusión confronta dos visiones: una que aboga por endurecer el sistema penal como respuesta expedita a la inseguridad, y otra que cuestiona la eficacia y la justicia de adelantar la imputabilidad sin abordar integralmente las causas sociales y estructurales de la violencia juvenil. El Congreso, a partir de este lunes, será el escenario donde esta disputa jurídica, política y social comenzará a desplegarse formalmente.
