PREOCUPACIÓN. La causa de presunto lavado de dinero es la que más temor causa en el entorno de Tapia y Toviggino.
La AFA quedó ahora bajo la lupa no sólo de la Justicia sino también del Gobierno nacional. Según información del diario Clarín, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la entidad por la presunta retención indebida y el incumplimiento en el pago de impuestos y aportes previsionales por una suma que ronda los $ 19 mil millones.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien dio lugar al pedido de ARCA para intervenir como acusador privado dentro del expediente. Ese rol le permite participar activamente del proceso, solicitar medidas de prueba y fijar posición ante las distintas presentaciones de las partes.
De esta manera, la investigación se convierte en uno de los frentes más sensibles para la conducción de la AFA que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. Además de esta causa, el organismo recaudador también denunció una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas, una empresa relacionada con el entorno del dirigente. En paralelo, la Inspección General de Justicia mantiene observaciones sobre los balances de la entidad por presuntas irregularidades contables.
La causa penal económica es la que mayor preocupación genera en la AFA, ya que contempla penas de prisión. Tapia y otros tres directivos (el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo) fueron imputados por el delito de evasión agravada, a partir de una investigación impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial a fines del año pasado.
El perjuicio estimado supera los $ 19 mil millones
La denuncia original fue presentada por ARCA en diciembre y se centra en la falta de pago, o el pago fuera de término, de impuestos como IVA y Ganancias, además de aportes jubilatorios retenidos a empleados de los clubes. El período investigado va de marzo a septiembre de 2024 y el perjuicio estimado asciende a $ 19.353 millones.
Según explicó ARCA en su presentación judicial, la AFA actúa como agente de retención y, de acuerdo con la normativa vigente, debía ingresar esos fondos dentro de los plazos legales. La omisión, total o parcial, una vez vencido ese plazo, configura el delito investigado.
El juez Amarante habilitó la feria judicial de enero para avanzar con la causa y ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a bancos, a la propia ARCA, a la DGI y al Banco Central. Algunos organismos ya comenzaron a responder.
Con la aceptación de ARCA como querellante, la investigación entra en una nueva etapa. La AFA y Tapia ya se presentaron formalmente en el expediente para designar abogado defensor, aunque por ahora no realizaron planteos ni solicitaron pruebas.
