Una abogada argentina de 29 años quedó bajo investigación de la Justicia de Brasil luego de ser acusada de realizar gestos e insultos racistas contra un empleado de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Como consecuencia del hecho, ocurrido el pasado miércoles por la noche, las autoridades le retuvieron el pasaporte y le impusieron el uso de una tobillera electrónica.
Según la denuncia difundida por la Policía Civil local, el incidente se produjo en un bar de la zona sur de la ciudad y se habría originado a partir de una discusión por el pago de la cuenta. De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios brasileños, la mujer, identificada como Agostina Paez y oriunda de Santiago del Estero, se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas.
Cuando se disponían a retirarse del establecimiento, un empleado advirtió un error en la factura y fue entonces cuando comenzó el conflicto. En ese contexto, el trabajador interpretó que la joven realizó gestos y expresiones de contenido racista. Para corroborar lo ocurrido, el empleado se dirigió a revisar las cámaras de seguridad del local.
Mientras tanto, según consignó el medio O’Globo, el gerente del bar solicitó a la mujer que permaneciera en el lugar. Tras confirmar los hechos a través de las imágenes, el establecimiento decidió denunciar la situación ante la policía. De acuerdo con la información oficial de las autoridades de Río de Janeiro, Paez habría dirigido insultos y gestos ofensivos de carácter racial hacia el empleado, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.
Medidas cautelares y avance de la investigación
El caso quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la joven argentina y la imposición de una tobillera electrónica como medida cautelar. Según informó el medio G1, la abogada se presentó a declarar y este sábado recibió formalmente ambas medidas, luego de comparecer ante la autoridad judicial.
La investigación, encabezada por la Policía Civil, busca determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer con precisión las circunstancias del episodio. Entre las pruebas reunidas se encuentran los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios recolectados. Las autoridades confirmaron que la mujer permanecerá bajo monitoreo electrónico y no podrá abandonar Brasil mientras se resuelve su situación procesal.
El proceso judicial se enmarca en la política de tolerancia cero que aplican las instituciones brasileñas frente a actos de racismo y discriminación. La retención del pasaporte y el uso de la tobillera electrónica tienen como objetivo evitar una posible fuga y garantizar la presencia de la acusada en las próximas etapas del proceso.
El caso generó un amplio debate en medios de comunicación y redes sociales, y reavivó el reclamo social contra el racismo en Brasil. Según el medio Diário da Guanabara, la imposición de las medidas cautelares respondió de manera inmediata al incidente y se ajusta a la legislación vigente contra los delitos de odio. El sistema judicial brasileño contempla sanciones severas para este tipo de conductas, consideradas inaceptables tanto desde el punto de vista legal como social.
Las autoridades confirmaron que la investigación continuará durante las próximas semanas. Hasta el momento, la defensa de la acusada no respondió a los pedidos de declaración de los medios y no se informó sobre la existencia de antecedentes en su contra. En paralelo, el Ministerio Público evalúa la posibilidad de presentar cargos formales por discriminación racial, lo que podría derivar en una causa penal de mayor gravedad.
