EN BAJA. El impacto que tendrían los cambios en las políticas laborales sería significativo para Tucumán. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
La reforma laboral que promueve el Poder Ejecutivo Nacional no solo plantea un cambio de paradigma en las relaciones de trabajo, sino que conlleva un fuerte impacto colateral en las finanzas provinciales. Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) puso en cifras una de las mayores preocupaciones de los gobernadores: la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto provocará una merma significativa en los recursos coparticipables que reciben las provincias.
En este escenario, Tucumán aparece como una de las jurisdicciones más vulnerables. Las proyecciones del organismo indican que la provincia deberá afrontar una pérdida estimada de, al menos, $51.682 millones para el año 2027. Este es el momento en el que el impacto fiscal de la medida se sentiría con total plenitud, obligando a la administración local a una reingeniería presupuestaria para cubrir el bache de ingresos nacionales.
El ranking de las provincias más afectadas sitúa a Tucumán en una posición crítica. Solo es superada en volumen de pérdida por Buenos Aires ($238.558 millones), Santa Fe ($97.087 millones) y Córdoba ($96.459 millones). Completan el grupo de las más castigadas Chaco y Entre Ríos, consolidando un panorama donde el norte grande y la zona núcleo del país absorben el mayor impacto del recorte recaudatorio.
A nivel general, el costo fiscal total de la reforma es de magnitudes sistémicas. El informe del Iaraf estima que el Estado dejará de percibir $1,9 billones, de los cuales el peso mayor recaerá sobre el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una afectación de $1,12 billones. En contrapartida, el impacto sobre la recaudación estrictamente nacional será de $789.000 millones, evidenciando una distribución desigual del ajuste.
La raíz del conflicto radica en la naturaleza del Impuesto a las Ganancias. Al ser un tributo nacional pero de carácter coparticipable, cualquier reducción en sus alícuotas golpea directamente la masa de fondos que se reparte entre las jurisdicciones. El costo directo de la reforma representa el 0,22% del PBI, una cifra que, aunque parezca marginal en términos macroeconómicos, es vital para las provincias que dependen de esos recursos para financiar salud, educación y seguridad.
Negociaciones aceleradas
El calendario legislativo marca que el Gobierno se encuentra en semanas decisivas. Con el dictamen de la Cámara Alta en mano desde diciembre, la fecha tentativa para el tratamiento de la ley es el próximo 10 de febrero. Este tramo final ha intensificado el “ruido” político con los gobernadores, quienes ven con desconfianza cómo el avance de la reforma laboral se traduce en desfinanciamiento de sus propios territorios.
Un factor que añade tensión a la negociación es la filiación política de los afectados. Muchas de las jurisdicciones que sufrirán la mayor caída en la recaudación son consideradas aliadas o han acompañado activamente las votaciones clave de la gestión de Milei durante sus dos primeros años. Esta “paradoja del aliado” pone a prueba la cohesión del bloque oficialista y sus socios frente a la necesidad de sostener la gobernabilidad local.
La hoja de ruta oficial continúa firme. Para el próximo viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de la mesa política del año. En este encuentro se pretende pulir el texto final de la reforma. Desde Balcarce 50 ya anticiparon que no se esperan cambios sustanciales en el articulado que ya fue consensuado en el Senado, cerrando la puerta a modificaciones que alivien la carga fiscal de las provincias.
