06 Enero 2026 Seguir en 
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). FOTO TOMADA DE PAGINA12.COM.AR
El escenario político nacional se ha visto sacudido tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, mediante el cual el presidente Javier Milei introdujo una reforma integral al sistema de inteligencia. La medida no solo centraliza funciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sino que ha disparado una respuesta inmediata del bloque de diputados de Provincias Unidas, quienes acudieron a la Justicia para frenar lo que consideran un avance inconstitucional sobre las libertades individuales.
Los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón encabezaron la presentación de un recurso de amparo solicitando la nulidad absoluta e insanable del decreto. En su escrito, los legisladores argumentan que la norma viola el Artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional —que regula los presupuestos para el dictado de DNU— y el Artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según los demandantes, el Gobierno no ha logrado invocar razones de urgencia real que justifiquen eludir el debate parlamentario.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la habilitación para que el personal de inteligencia realice aprehensiones de ciudadanos , una facultad que la Constitución veda expresamente para los DNU al tratarse de materia penal o procesal penal. “De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso”, alertaron los diputados, señalando que la normativa borra la frontera entre la inteligencia estratégica y la seguridad interior.
Para la oposición, la unificación de estas áreas bajo un mando único constituye una “desviación de poder”. El riesgo latente, según el escrito, es la aplicación de “inteligencia de guerra” contra actores internos: periodistas, políticos opositores o grupos sociales que reclaman derechos. Al declarar que todas las actividades del organismo son por definición “encubiertas”, el decreto —afirman— sienta las bases para un Estado policial donde cualquier ciudadano puede ser catalogado como amenaza a la estabilidad estatal sin control judicial previo.
La denuncia también pone el foco en la cuestión presupuestaria. Los legisladores recordaron que, apenas unas semanas antes, el Ejecutivo asignó $26.118 millones a la SIDE mediante el DNU 849/2025 bajo la figura de partidas secretas. Esta inyección de fondos, que ocurrió en simultáneo con recortes en áreas públicas sensibles, es vista por los amparistas como un “dato precedente” que permite consumir abusos de poder en zonas grises de la administración.
“Se debe priorizar de modo excluyente el principio de ‘Datos con propósito’. No se puede hacer inteligencia con los ciudadanos a menos que existan amenazas reales validadas por la Justicia”, sostienen Frade, Ferraro y Paulón en su fundamentación técnica.
Composición
En paralelo a la vía judicial, el conflicto ha reactivado las gestiones en el Congreso para conformar la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Al ser una comisión permanente, su funcionamiento es vital incluso durante el receso parlamentario para ejercer el control civil sobre los espías.
De los 16 miembros que integran este cuerpo, 11 ya están confirmados por tener mandato vigente hasta 2027. La disputa actual se centra en las 5 vacantes restantes: tres legisladores en representación del Senado y dos de la Cámara baja.
Una vez que se completa la nómina de ocho senadores y ocho diputados, la comisión deberá elegir sus autoridades. Por la rotación establecida, la presidencia este año le corresponde a la Cámara de Diputados, lo que anticipa una fuerte puja entre el oficialismo y los bloques opositores por el control de este espacio institucional clave. El resultado de estas negociaciones determinará si el Congreso logra poner un freno a las nuevas atribuciones que el Ejecutivo pretende otorgar a la SIDE.
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