El Congreso se agita por la reforma de la SIDE

En una maniobra que combina audacia política y aprovechamiento de los tiempos legislativos, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó una profunda reconfiguración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, fue lanzada estratégicamente tras el cierre de las sesiones extraordinarias, aprovechando el inicio del receso parlamentario de enero para evitar un debate inmediato en las Cámaras.

La decisión ha generado un rechazo tajante en diversos sectores de la oposición, que denuncian un intento de eludir el control del Congreso en un área tan sensible como la seguridad nacional. Mientras los bloques críticos exigen la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, desde el oficialismo apuestan a una estrategia de dilatación, confiando en que el Palacio Legislativo permanecerá con sus puertas cerradas, al menos, durante las primeras tres semanas de enero.

La parálisis legislativa se debe a que la Comisión Bicameral, aunque tiene carácter permanente, aún debe constituirse con sus nuevos miembros tras la última renovación parlamentaria. Esta tarea depende de la titular del Senado, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Ante esto, voceros de La Libertad Avanza (LLA) ya han anticipado que no habrá movimientos administrativos que permitan el funcionamiento del cuerpo antes de febrero.

Ante este escenario de demora, los detractores del decreto se encuentran frente a una encrucijada táctica: aguardar al próximo mes, cuando venzan los plazos legales establecidos por la Ley 26.122, o judicializar la reforma. El bloque de Unión por la Patria (UP) ya movió sus fichas en el tablero parlamentario presentando un proyecto de derogación, mientras que la Coalición Cívica (CC) analiza seriamente llevar el reclamo ante los tribunales.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la atribución de facultades de seguridad pública a los agentes de inteligencia. El diputado Maximiliano Ferraro, de la CC, advirtió que el decreto es “manifiestamente inconstitucional” al avanzar sobre materia penal. Según el legislador, otorgar a la SIDE funciones propias de la Policía Judicial vulnera el artículo 99 de la Constitución y modifica de facto el Código Procesal Penal.

Rechazo y derogación

Desde UP, el proyecto de derogación impulsado por la diputada Lorena Pokoik y acompañado por figuras como Eduardo Valdés y Santiago Cafiero, califica la medida como un hecho de “extrema gravedad institucional”. La principal crítica radica en que el Poder Ejecutivo ha redefinido el sistema de inteligencia nacional sin la intervención del Congreso, habilitando al organismo incluso a aprehender personas.

El texto de la oposición sostiene que el DNU vulnera principios constitucionales esenciales, tales como el debido proceso y la garantía de la libertad personal. Al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa en el marco de actividades de inteligencia, los legisladores aseguran que se produce una concentración peligrosa de poder en el Ejecutivo, rompiendo el equilibrio de la división de poderes.

Fin de la alianza

En este complejo panorama, el PRO ha adoptado una postura de prudencia distante. Aunque el bloque presidido por Cristian Ritondo reconoció que la modernización del sistema es una “deuda histórica”, evitó dar un apoyo ciego. El partido fundado por Mauricio Macri ha enviado una señal clara al Gobierno: ya no hay respaldo incondicional, y su posición final dependerá de la publicación de los protocolos de uso y las reglas de empeñamiento.

El comunicado del PRO refleja una preocupación técnica sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de agentes de inteligencia. Los legisladores macristas han solicitado conocer el alcance operativo de estos cambios antes de definir su voto, marcando una diferencia sustancial con la alineación automática que se detectará en los inicios de la gestión libertaria.

El desenlace de esta batalla institucional se verá en febrero. La capacidad de la oposición para articular un frente común y la decisión del PRO de acompañar o no el rechazo determinarán si el SIDE de Milei continúa operando bajo las nuevas reglas o si el Congreso le impone un freno definitivo a lo que muchos consideran un avance peligroso sobre las libertades individuales.