La evasión pone en riesgo a los futuros jubilados

BUENOS AIRES.- Sobre una población activa de 15,4 millones de personas en el país, en enero apenas 5 millones de personas aportaron la cuota mensual a las distintos regímenes (sistema público, a las AFJP, a las cajas provinciales, de profesionales o a las Cajas de la Policía, FF.AA. y de Seguridad).
Por el desempleo, la evasión y la morosidad, hoy aporta una de cada tres personas obligadas a hacerlo. Esto significa que, de persistir esta situación, casi el 70% de la población activa no podrá jubilarse o si lo consigue tendrá derecho a un haber muy bajo.
Para fiscalizar la recaudación, el año pasado el Gobierno creó el INARSS (Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social), un organismo autárquico en el que participan la AFIP, la ANSES, las AFJP, las ART y las obras sociales sindicales y jerárquicas.
Sin embargo, las cosas no mejoraron, en gran parte por el estallido de la crisis a partir de noviembre, mientras muchos especialistas y legisladores cuestionaron la constitución de ese organismo como un intento de privatizar la recaudación y fiscalización de la Seguridad Social.
Ricardo Sarinelli, representante de las AFJP en el INARSS, reconoció que si bien hay una crisis macroeconómica, también es cierto que hay serios problemas de fiscalización. "Hoy la recaudación está en un piso y prácticamente han dejado de aportar los autónomos, las empresas chicas y muchas medianas, mientras hay atrasos entre las grandes", aseguró. Esta situación ahondó la crisis de financiación de la ANSES porque el organismo encargado de pagarles los haberes a los 3,4 millones de personas ya jubiladas lo hace con la recaudación de las contribuciones patronales. Pero estos aportes fueron disminuyendo en los últimos 8 años por las sucesivas rebajas de los aportes patronales y por la derivación de los aportes del grueso de los afiliados a las AFJP, a lo que se agregó desde hace por lo menos 4 años la persistente morosidad y evasión de los aportes patronales.
La variable de ajuste fueron los jubilados a quienes se les prorrogó, en el Presupuesto 2002, el recorte del 13% a los haberes superiores a 500 pesos. Entre tanto, el sistema de la jubilación privada sufrió varios embates:
Tuvo también una drástica baja de la recaudación. Sobre 8,8 millones de afiliados, en enero hubo aportes de 2,6 millones, equivalentes al 29,8% del total. Cuando se lanzó este sistema -en 1994- se dijo que lo razonable era que pagara el 75%.
* Por la caída de los precios de las acciones y bonos públicos, desde julio del año pasado la rentabilidad promedio anual fue negativa (con un descenso pico del 11,74% en diciembre), lo que significa que los fondos se desvalorizaron en unos 2.000 millones de pesos.
* Aunque el objetivo de la jubilación privada era vigorizar el mercado de capitales, por los altos rendimientos de los títulos públicos y por las medidas adoptadas por Cavallo el año pasado, más del 70% de las inversiones fueron al Estado, para financiar el déficit público. Así, luego del megacanje, las AFJP pasaron a tener en sus carteras 16.000 millones de dólares en préstamos garantizados.
* Para aumentar el salario real, Cavallo redujo del 11 al 5% el aporte jubilatorio. Las AFJP dicen que si no se restituye ese 11%, las jubilaciones futuras serán muy bajas porque con 5 puntos del salario -de los cuales casi la mitad son comisiones de las AFJP- no habrá jubilaciones razonables.
* Tras la devaluación, el Gobierno pesificó los préstamos garantizados, lo que motivó el rechazo de las AFJP quienes, en los próximos días, presentarían recursos de amparo en la Justicia.