El Gobierno rechaza los cuestionamientos opositores y avanzará con la reforma laboral en el Senado

Pese a las críticas de un sector de la oposición, el Gobierno nacional ratificó que impulsará el debate de la reforma laboral en el Senado y defendió la legalidad del camino elegido. En la Casa Rosada aseguran que cuentan con respaldo constitucional y jurisprudencial para sostener que la iniciativa puede tener origen en la Cámara Alta, y remarcan que el proyecto no tiene como eje central las cuestiones impositivas.

“El eje de la reforma laboral no está puesto en las cuestiones impositivas. Tiene más de 200 artículos”, precisó una fuente oficial a Infobae, al rechazar los cuestionamientos de legisladores que sostienen que el proyecto debería haber ingresado por la Cámara de Diputados.

Desde el Ejecutivo explican que la decisión se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo”, salvo las excepciones previstas en la propia Carta Magna. En ese punto, aclaran que el artículo 52 fija que la iniciativa exclusiva de Diputados rige para las leyes sobre “contribuciones”.

Sin embargo, en Balcarce 50 sostienen que existen sólidos argumentos doctrinarios que refutan la postura opositora. Entre ellos, citan al jurista Segundo Linares Quintana, quien retoma la posición del exministro de Justicia Joaquín V. González al afirmar que “se puede iniciar en el Senado todo proyecto que no cree o aumente contribuciones, sino que las elimine o reduzca”.

Como antecedente cercano, el Gobierno menciona el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales, que se inició en el Senado y fue sancionado en diciembre de 2022. Se trata de la Ley N° 27.667, que aumentó el monto del mínimo no imponible actualizado por IPC y que, destacan, contó con los votos de los senadores Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans.

Las críticas se intensificaron luego de que el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, cuestionara el ingreso del proyecto por la Cámara Alta, postura que fue replicada por otros legisladores como Gabriel Michel (Unión por la Patria) y Carolina Moisés (Convicción Federal). Frente a esos planteos, en el Gobierno aseguran que la Corte Suprema ya se expidió sobre un caso similar en un fallo de 1948 que respalda la estrategia oficial.

“Podía ingresar por el Senado una norma que, si bien se vinculaba con contribuciones, formaba parte de un cuerpo normativo que no era esencialmente tributario”, explicó una fuente del Ejecutivo al referirse al principio de legalidad en materia impositiva. Y agregó: “La Corte no interpretó el entonces artículo 44, actual artículo 52, como una regla genérica para todo proyecto que se vincule con lo impositivo, sino que admitió que cuando su objeto principal no era sobre contribuciones, podía iniciar el proceso de formación de la ley por la Cámara Alta”.

En la Casa Rosada remarcan que la práctica institucional indica que el artículo 52 debe interpretarse no como una regla general para todas las leyes que incluyan alguna norma impositiva, sino exclusivamente para aquellas que creen o aumenten contribuciones o cuyo objeto principal sea tributario.

Un argumento similar esgrimen desde el entorno de la exministra que encabeza las negociaciones con los bloques aliados. “No vamos a tener problemas en mantenerlo en el Senado”, aseguraron, y enfatizaron: “No hay creación de impuestos. Quieren hacer interpretaciones raras que no tienen lugar”.

De espaldas a las críticas, el Gobierno ratifica que los planes del presidente Javier Milei no se modificarán. La próxima semana, la flamante senadora Patricia Bullrich dará inicio formal al tratamiento del proyecto de “modernización” laboral, con la intención de obtener media sanción durante el mes de diciembre.

Aunque los tiempos legislativos son ajustados, dentro del oficialismo hay expectativas favorables. Varias voces del espacio libertario creen que el proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, podría ser aprobado sin mayores sobresaltos.

Con ese objetivo, Bullrich ya trabaja en la construcción de los consensos necesarios para lograr uno de los primeros triunfos legislativos de la segunda mitad de la gestión. En el escenario más optimista que manejan en el Gobierno, estiman contar con unos 40 votos en el Senado y un piso de 135 voluntades en Diputados, números que permitirían sancionar la norma con mayoría simple y sin grandes dificultades.