Mendoza endurece su postura contra el incumplimiento del calendario de vacunación y logra una respuesta inmediata

La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar por la vía judicial contra padres que incumplieron el Calendario Nacional de Vacunación comenzó a mostrar resultados inmediatos. Luego de que el Ministerio de Salud provincial presentara denuncias en la Justicia civil contra familias que no vacunaron a sus hijos, más de 70 padres se presentaron de manera voluntaria en distintos centros de vacunación para regularizar la situación y cumplir con la medida sanitaria preventiva.

La provincia se convirtió así en la primera de la Argentina en recurrir a acciones judiciales para exigir el cumplimiento del esquema obligatorio de inmunización, en un escenario marcado por la alerta sanitaria ante el rebrote de enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tos convulsa.

Hasta el último día hábil de la semana -el viernes-, la cartera sanitaria había presentado 15 denuncias formales. Sin embargo, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, advirtió que el número podría incrementarse en los próximos días. En declaraciones a Infobae en Vivo, sostuvo que las acciones judiciales “van a ir creciendo a medida que pasen los días”, mientras que fuentes oficiales confirmaron este sábado que es probable que la semana próxima se sumen nuevas presentaciones.

Como reacción directa a esta medida, 72 padres acudieron “espontáneamente” con sus hijos a los vacunatorios provinciales para completar el calendario y evitar ser incluidos en la lista de denunciados. Además, cuatro de los diez padres denunciados en la primera tanda ya regularizaron la vacunación de sus hijos. El resto cuenta con un plazo de 30 días para hacerlo.

Las denuncias fueron radicadas en el fuero civil y se sustentan en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y fija que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales. “No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, afirmó el funcionario Romero al fundamentar la postura oficial.

Desde el Gobierno mendocino explicaron que las personas denunciadas deben asistir a una audiencia en la que equipos sanitarios informan a los padres sobre los riesgos que implica, para la salud pública, mantener a los niños sin las vacunas obligatorias.

Ante la caída de las tasas de cobertura, Mendoza sienta un precedente a nivel nacional al denunciar a quienes se niegan a vacunar. Montero remarcó la importancia de la inmunización, alertó sobre el impacto de la desinformación y detalló las posibles sanciones. Según explicó, los jueces “podrían tomar el Código Contravencional de Mendoza, que impone sanciones económicas, trabajo comunitario e incluso algunos días de arresto para los padres que no vacunen a su hijo”.

El ministro subrayó que estas medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores en un contexto nacional en el que ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y rebrotes de enfermedades como el sarampión, que había sido declarado eliminado del país en 2016.

La normativa provincial contempla multas que van desde los U$S 84.000 hasta los U$S 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, de acuerdo con el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza. Estas penalidades pueden duplicarse o triplicarse en casos de reincidencia o cuando otros responsables -como instituciones educativas o funcionarios públicos- omiten realizar la denuncia correspondiente.

La resolución ratifica que el interés superior de la salud pública se impone sobre la decisión individual y garantiza el derecho de los menores a una vida sana. En ese sentido, Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, remarcó: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.

Aguilar también advirtió que el mayor déficit se registra en las vacunas que deben aplicarse a los 15 meses, situación que atribuyó a la disminución de los controles de niños sanos, que hoy se realizan con mayor espaciamiento.

Actualmente, la cobertura de vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, un porcentaje que las autoridades consideran aceptable, aunque insuficiente. “Debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que, gracias a las vacunas, se encuentran eliminadas o bajo control”, alertaron.

La preocupación es aún mayor en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los 11 años, la cobertura alcanza el 66,98% en niñas y el 60,92% en varones para la primera dosis, pero desciende de manera significativa en la segunda: 34,62% y 27,82%, respectivamente. Un escenario que refuerza, para el Gobierno mendocino, la necesidad de sostener y profundizar las acciones para garantizar la vacunación obligatoria.