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La comisión del Concejo Deliberante encargada de elaborar el Digesto Jurídico para San Miguel de Tucumán cerró el año resaltando aciertos y fijando pautas de trabajo para 2026. En los últimos meses, el cuerpo parlamentario depuró 700 ordenanzas correspondientes al período 1976-1983.
La comisión especial que prepara la recopilación, clasificación y ordenamiento de ordenanzas municipales está encabezada por Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical). Con las tareas iniciadas en mayo del año pasado, el equipo compuesto por el radical y por Alfredo Terán (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social), Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) y Federico Romano Norri (UCR) planea concluir los trabajos hacia la segunda mitad del año.
Ayer se llevó adelante una reunión de la que participaron -además de los concejales- empleados y asesores del cuerpo abocados al trabajo técnico y el grupo de pasantes de la carrera de abogacía que colabora desde hace tiempo en la tarea del digesto.
Allí se celebraron los logros de la primera etapa y se enmarcaron pautas para el segundo tramo: la semana del 1 de marzo -inicio del período parlamentario- deberá reiniciarse la actividad de cada equipo.
Sucede que en el edificio de Monteagudo y San Martín se avanza sobre la ardua tarea de catalogar y ordenar alrededor de 9.000 ordenanzas dictadas desde 1887 en San Miguel de Tucumán. Entonces, cada concejal miembro de la comisión se encarga de una temática: las hay de hacienda, presupuesto, economía y turismo (Terán); de salud, educación, medio ambiente y discapacidad (González); de planeamiento y obras públicas (Vargas Aignasse); de transporte y tránsito (Romano Norri); y de peticiones, acuerdos y legislación general (Cobos).
El avance de la depuración
Si bien el trabajo interno del digesto llevó más tiempo del que se preveía, el avance de la depuración de las 700 ordenanzas sentó las bases de las etapas que siguen. En octubre, los ediles declararon la caducidad de 640 ordenanzas por objeto cumplido, plazo vencido y/o condición cumplida; y la derogación de otras 58. Eran normas que fijaban tarifas para los taxis o para el transporte público, autorizaban ampliaciones presupuestarias o aprobaban planos y construcciones de edificios, entre otros temas.
De esta manera, la clasificación de las ordenanzas de los otros períodos históricos -y hasta la actualidad- se agilizarán, y podrá avanzarse sobre la compactación de un digesto normativo para la Capital tucumana.
Una vez aprobado el texto legal, las ordenanzas posteriores que modifiquen alguna de las contenidas deberán ajustarse a la técnica del texto ordenado y quedarán derogadas todas las normas que no se hubieran incorporado como legislación municipal hasta la fecha de consolidación del escrito.
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