Digesto: cuando el dictado de ordenanzas estaba en manos de los militares

“El intendente delegado en la circunscripción de San Miguel de Tucumán sanciona y promulga”. En una oficina del cuarto piso del Concejo Deliberante están todas las ordenanzas aprobadas durante la última dictadura militar. En aquellos años, las normas que regían la vida en la Capital no atravesaban debate alguno: se firmaban directamente desde el despacho del oficial a cargo. El material de archivo ofrece un repaso por la historia legislativa del principal municipio de la Provincia en el período 1976-1983.

El trabajo de elaboración del Digesto Jurídico en la capital tucumana destapó memorias de lo que fue uno de los sucesos más dramáticos y sangrientos de la Argentina. La tarea emprendida por el Concejo Deliberante descubre mandatos, formas de vida y preocupaciones que involucraron a la ciudadanía hace 50 años: desde las normas que regularon el transporte, la seguridad y la contaduría municipal, hasta los cuentos y revistas que se permitían leer según la “moral” de la época.

Un poco de historia

La búsqueda de las ordenanzas históricas fue realizada por la comisión especial del Concejo, que trabaja en el asunto desde hace un año. El rastreo no fue sencillo y aún quedan disposiciones “perdidas”, lo cual merece una explicación aparte.

El municipio capitalino se conformó como tal en 1868, momento en el que además se habría creado el Concejo Deliberante. Sin embargo, las primeras ordenanzas encontradas son de 1887, 19 años después. Y es que no solo la ciudad atravesó distintos procesos militares que complicaron el conteo y recopilación de normas, sino que el propio recinto municipal se mudó de sitio y sufrió algunas pérdidas.

Por un lado, el concejal que preside la comisión de digesto, Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical) explica que existen interrupciones en la numeración de las disposiciones en algunos períodos. Se observa que, en cada proceso militar, la cuenta se hacía desde cero y se dictaba una nueva ordenanza uno, al margen de las que hubieran sido aprobadas anteriormente. En el medio, hay normas que no están numeradas y a las que solo se les conoce el año en el que se sancionaron.

Por otro lado, el cambio de sede del Concejo también afectó a la conservación del material de archivo. El recinto se ubicó en la calle 24 de Septiembre 334 (donde hoy funciona la Dirección de Ingresos Municipales) hasta finales de los 90, cuando tras un incendio tuvo que mudarse adonde se encuentra actualmente, en Monteagudo y San Martín.

“Acá en el Concejo solo teníamos ordenanzas del 91 en adelante, no las teníamos a todas. Porque cuando viene la intervención federal, en la época de César “Chiche” Aráoz, desaparecieron; no se sabe qué pasó con ellas. También hay documentos que se perdieron en el incendio, antes de venir hasta acá”, detalla Cobos. En el edificio antes funcionaba el Banco Municipal, y con anterioridad, el Mercado del Este.

Es así que la comisión de elaboración del Digesto Jurídico lleva adelante la recopilación, orden, depuración y compactación de ordenanzas para la Capital. En las últimas semanas se avanzó con la declaración de las normas no vigentes de la última dictadura militar, cuyo trabajo servirá como base para la clasificación de los demás períodos.

Tarifas de transporte

Del repaso de las ordenanzas depuradas del período 1976-1983 se obtienen datos interesantes. En 1976 el interventor militar era Alfredo Francisco Andújar. Su primera ordenanza data del 26 de marzo, dos días después del golpe de Estado, y se refiere a las infracciones de tránsito: la disposición indica que toda falta cometida “será severamente sancionada, pudiendo llegar a secuestros por el término de 30 días, sanción ésta que no será redimible con multa”.

A partir de allí, las normas municipales que se refieren al transporte reflejan dos cuestiones: el impacto de los vaivenes inflacionarios de aquel entonces y las coincidencias que se presentan con la realidad actual.

En primer lugar, el servicio público de transporte (de taxis y de colectivos) se actualizaba con frecuencia: en 1979 la tarifa de los autos se incrementó cinco veces y en 1983 hubo nueve subas de boleto para los buses. Al mismo tiempo y por ordenanza, se ajustaban los aumentos salariales para los empleados públicos, que se regían con el mismo parámetro que el del transporte.

“Coincide con los momentos de hiperinflación: la ordenanza N° 622 de mayo del 81 fijaba la bajada de bandera en $2.600, y la que le sigue, la N° 651 de agosto, la eleva a $4.000. Posiblemente se vea algo similar entre 1988 y 1990”, señala Cobos, que junto a Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social) y Federico Romano Norri (UCR), persigue el objetivo de compactar en un digesto jurídico todas las normas vigentes que se dictaron desde 1887 en San Miguel de Tucumán.

Taxis vs remises

La puja que hoy hay entre el Sutrappa y los choferes particulares no se aleja demasiado de lo que fue la de taxis y remises durante el gobierno de facto. La ordenanza N° 70 de 1976 -declarada caduca en la última sesión del Concejo Deliberante- regulaba el servicio de “autos remisses”. La norma decía que sus choferes no podían ser taxistas ni empleados municipales; que debían tener un uniforme propio, con camisa en verano y corbata y saco en invierno; y que solo podían tomar pasajeros mediante el servicio de puerta a puerta.

“Durante muchos años se dio una pelea parecida a la de ahora, porque los taxistas decían ‘¿qué hacen los remises haciendo nuestro trabajo?’, y entonces se determinó que solo los taxis podían levantar pasajeros en la vía pública”, añade Cobos.

Otro detalle es que junto a aquella ordenanza se anexa un decreto provincial que autoriza al intendente a sancionar la norma, involucrándose la Provincia y el municipio en la resolución de la problemática. “La adopción de dichas medidas habrá de posibilitar (...) un ordenamiento justo, ya que en sus disposiciones se contemplan necesidades de los tres sectores interesados: usuarios, prestatarios y Municipalidad”, decía la resolución firmada por el general Antonio Domingo Bussi, a cargo de la gobernación.

“Opio electrónico”

La exposición de los más jóvenes frente al avance de la tecnología (o lo que pueden hacer con ella, como las apuestas online) es otra preocupación que se mantuvo con el correr de las décadas. El 28 de julio de 1981 el intendente Oscar Paz junto a su gabinete -algunas ordenanzas incorporan la firma de funcionarios municipales- prohibió la instalación y funcionamiento de las casas de juegos electrónicos, electromecánicos y eléctricos en toda la jurisdicción.

Los argumentos giran en torno a los efectos que las máquinas producen sobre los usuarios, que en su mayoría “no sobrepasan los 25 años”. Se menciona que los jóvenes quedaban “atrapados por la magia de esta moderna tecnología”, y desarrolla: “la experiencia recogida sugiere que la práctica (...) en nada beneficia a quienes la aprovechan, constituyendo un verdadero, peculiar y moderno ‘opio electrónico’ que anquilosa la conciencia de nuestra juventud, adormece su espíritu y su físico y consecuentemente los lleva a postergar sus deberes y obligaciones primarias”. A su vez, reafirma que “es un deber indeleble del Estado velar por la salud psicofísica de la población y acudir prontamente en su ayuda cuando esta se vea en peligro”.

Sobre la censura

El secuestro de ejemplares periodísticos y literarios es otra huella inscrita en la historia de la represión militar. Entre 1977 y 1979 se sancionaron cinco ordenanzas que ordenan la retención y posterior destrucción de distintos ejemplares. En detalle, se censuraron “El amor sigue siendo niño” y “Nuestros muchachos”, de Álvaro Yunque; “La muerte de la familia”, de David Cooper; una edición de la revista “180°”, editada en España; un ejemplar de la revista “Anna Bella”, editada en Italia; y números de la revista “La semana”. Las explicaciones son las mismas que se exhibían durante la dictadura en todo el país. Que “atentan contra el pudor y la moral”; que “constituyen un agravio a la República Argentina y a sus autoridades, e implican la apología de la delincuencia subversiva y terrorista”; que “constituyen un agravio a la institución eclesiástica y a la familia como célula fundamental de nuestra sociedad”, entre otras justificaciones propias de la época.

Un aporte más cercano a lo que fue la dictadura militar en términos de censura y persecución lo dio Cecilia Guerra, ex directora de la Casa Histórica de Tucumán, que además colaboró con datos relevantes del contexto histórico. “Acá el proceso fue muy violento. En Tucumán se empieza con el primer centro clandestino de detención en la escuelita de Famaillá, todavía con el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, porque el gobierno democrático le cedió al Ejército ese espacio geográfico. En el Operativo Independencia se hicieron aberraciones dentro del campo de acción”, resalta.

Además, la historiadora reflexiona que el avance del movimiento sindical repercutió en que la reacción militar sobre las personas sea aún más violenta. “Lo que pasa en la dictadura se explica por cómo se politiza y es tan fuerte el movimiento sindical, obrero y político, sobre todo por el cierre de los ingenios y cómo afecta a toda la sociedad. Hay gente que se va de la Provincia, pero después queda todo el cordón del Gran San Miguel de Tucumán que hoy es el gran cordón de la pobreza: hay un montón de villas miserias que se conforman en ese período, cuando la gente se queda sin trabajo y es expulsada de los pueblos ingenios”, desarrolla.

El trabajo de digesto normativo no solo aporta datos que constituyen la historia crítica de San Miguel de Tucumán, sino también reúne relatos y regula aspectos que marcan la cultura de la ciudad Capital. Una vez terminado, todo el material estará disponible para la consulta pública.