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JIMÉNEZ. Se archivó el pedido de remoción contra el jefe de los fiscales.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió ayer desestimar por unanimidad el pedido de destitución contra el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez.
Luego de una reunión con fuerte hermetismo, en la que no se permitió el ingreso de asesores y se limitó la movilidad de la prensa, los integrantes del comité que encabeza Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara) se retiraron sin hacer declaraciones. Sin embargo, en la Resolución N° 627, de siete páginas, quedaron asentados los motivos por los que decidieron archivar el pedido de juicio político que impulsó Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Robles, con el patrocinio de Patricia Neme.
La denunciante dijo que su hija había sido víctima de acoso y que no recibió respuestas efectivas por parte de la Justicia. Acusó a Jiménez por “corrupción sistemática, inacción institucional y negligencia en el cumplimiento de sus funciones”, y mencionó que esos motivos incidieron en el suicidio de su hija.
En el dictamen, la comisión señaló que el jefe de los fiscales posee un “deber de supervisión” sobre sus subordinados que no puede ser considerado absoluto ni ilimitado, dado el tamaño y la complejidad del organismo que encabeza. “Ese deber in vigilando tiene límites en lo que el funcionario pueda ciertamente conocer, obrando con la diligencia que las circunstancias le exijan”, argumentó.
Por ese motivo, se concluyó que no existía ninguna conducta de gravedad atribuible a Jiménez que pudiera constituir causal de juicio político.
Otros apartados de la denuncia
Los parlamentarios también analizaron otros apartados de la denuncia, entre ellos el supuesto “intento de silenciar a todos”, en el que Giménez cuestionó una medida cautelar dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, que restringía la difusión mediática de contenidos relacionados con fiscales y magistrados. En ese sentido, indicaron que se trató de una decisión judicial, y que “no es función de la Comisión revisar resoluciones de jueces”, ya que ello implicaría una injerencia impropia del Poder Legislativo en la órbita del Poder Judicial, lo que afectaría el principio de división de poderes.
En la misma línea, se rechazaron las imputaciones referidas a las causas “M.L.P.”, “Roxana Teves” y “Paola Tacacho”, al considerar que todas ellas fueron tramitadas y resueltas por el Poder Judicial, órgano competente para evaluar eventuales delitos o irregularidades procesales. En el caso Tacacho, se recordó que el proceso derivó en la destitución del juez Juan Francisco Pisa y en una sentencia civil que condenó a la Provincia.
Finalmente, los legisladores remarcaron que las acusaciones carecen de respaldo objetivo, ya que no se presentaron pruebas que acrediten la comisión de delitos o faltas graves. La resolución lleva las firmas de Mansilla, Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.
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