El defensor de Figueroa y de Campos dice que su patrimonio se sustenta en su trabajo

“Ni Figueroa ni Campos tienen alguna actividad ilícita y su patrimonio se sustenta en su trabajo”. Con esta síntesis, el abogado Camilo Atim, representante de la legisladora Sandra Beatriz Figueroa y el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos, ha presentado un escrito ante el Juzgado Federal de Tucumán Nº 2, y solicitó la falta de mérito de sus defendidos en la causa caratulada “Giménez Roque Cayetano y otros sobre infracción a la ley 23.737”. La pieza jurídica subraya la inocencia de Figueroa y Campos y busca desactivar las imputaciones que los vinculan a delitos complejos como el narcotráfico y el lavado de activos en el sur de Tucumán.

Atim consignó que su presentación tiene por objeto “aportar prueba que forma parte del legajo de investigación de esta defensa”, consistente en las declaraciones juradas del origen de fondos de ambos acusados, cada una con su respectiva certificación contable realizada por el contador público nacional Omar Reinoso y legalizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. El objetivo de la documentación es demostrar el flujo de ingresos, la actividad económica desarrollada y los movimientos patrimoniales de Figueroa y Campos, “lo que resulta totalmente compatible con su capacidad económica”.

El planteo de la defensa sostiene que “la prueba que se adjunta demuestra que Figueroa y Campos no tienen ninguna actividad ilícita, que poseen un patrimonio originado por su trabajo y que no forman parte de ninguna organización criminal”. Enfatiza el letrado que la documentación “resulta útil y pertinente a los fines de acreditar el origen de los fondos de propiedad de Sandra Beatriz Figueroa y de Luis Armando Campos -cuya procedencia se cuestiona en el marco de la presente causa- los cuales provienen de actividades lícitas y se corresponden, con ahorros de toda la vida producto del trabajo desempeñado durante largos años por mis defendidos”.

La solicitud de falta de mérito se fundamenta en la presunción de que la prueba aportada es concluyente, sumado a que, según la defensa, “no existe ninguna prueba que vincule a mis defendidos con alguna maniobra delictiva en la presente causa”. Por lo tanto, el abogado requiere al magistrado, el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, que “se tenga por ofrecida la prueba aportada por medio del presente” y, consecuentemente, “se disponga la falta de mérito de Sandra Beatriz Figueroa y de Luis Armando Campos”.

Impacto político

El pedido de la defensa se inscribe en una investigación que sacudió la esfera política de Alberdi, desencadenada por la filtración de un explosivo audio que involucraba al entonces intendente Campos y al empresario Roque Cayetano “Chipi” Giménez. La conversación, que data aproximadamente de un año atrás, expuso presuntos vínculos con el narcotráfico, el manejo discrecional de la policía y la administración pública, e incluso menciones a crímenes y muertes. La viralización de este material fue el punto de inflexión para que el gobernador Osvaldo Jaldo dispusiera la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi y el consecuente desplazamiento de Campos de su cargo. La causa, que se tramita tanto en el fuero federal por delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos como en el fuero provincial con imputaciones como intimidación pública, amplió el foco de la pesquisa para incluir a la actual legisladora y esposa del ex intendente, Sandra Figueroa, y al ex secretario de Hacienda, José Roldán, junto a Campos y Giménez entre otros.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó oportunamente la detención de los exfuncionarios, un requerimiento que fue rechazado por el entonces juez José Manuel Díaz Vélez. No obstante, el magistrado sí dispuso el procesamiento de seis imputados, entre ellos Campos y Figueroa, por lavado de activos, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes. La resolución alcanza a seis personas: Campos (ex intendente), Roque Giménez (empresario), Sandra Beatriz Figueroa (legisladora), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.

La investigación federal se centró en la existencia de una red que, según el fallo judicial, operaba desde el propio aparato estatal de Alberdi, manejando fondos municipales y ejerciendo control sobre la policía local para facilitar la venta de estupefacientes. En este contexto, la defensa de Campos y Figueroa busca desvincularlos de la organización, insistiendo en que sus bienes provienen de “actividades lícitas” y “ahorros de toda la vida”.

La complejidad del caso, que la justicia federal calificó como “hechos de especial trascendencia institucional, que exceden el mero ámbito municipal y afectan la administración pública en su conjunto”, continúa desarrollándose en los tribunales, con los procesados trabajando para apelar la decisión del juez Díaz Vélez y el pedido de falta de mérito presentado por el abogado Camilo Atim abriendo un nuevo capítulo en la defensa de sus asistidos.