Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

El conflicto que dejó a San Miguel de Tucumán sin ómnibus durante 48 horas llegó a su fin, luego de que las empresas y el municipio alcanzaran un acuerdo para avanzar con cuatro puntos para afrontar la crisis que atraviesa el sector. Con ello, las líneas que recorren la ciudad volvieron a prestar servicios desde la primera hora hoy.

La reunión en el Concejo Deliberante fue clave para destrabar las negociaciones entre la Intendencia y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que en las últimas semanas habían mantenido tensos cruces en distintas notas y en reuniones cara a cara.

Pero finalmente se selló el entendimiento, y los empresarios comunicaron la decisión de dar marcha atrás con la suspensión de unos 150 choferes. Con ello, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro.

De las notas a las charlas

El día después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, el presidente de Aetat, Daniel Orell, elevó un escrito dirigido a la intendenta Rossana Chahla para solicitar una serie de acciones y “exponer la gravísima crisis económica y financiera que atraviesan nuestras asociadas”. Esta situación, afirmaron los empresarios, “no es producto de un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a las obligaciones que la normativa vigente pone a su cargo”. Mencionaron una serie de puntos, entre ellos, la inobservancia al “deber de fijar una tarifa justa y razonable”; la omisión a las funciones de “control y fiscalización del transporte ilegal”  (poniendo énfasis en impacto de las app y de los “moto-taxi”); y la “imposición de cargas públicas sin compensación adecuada”.

Además de advertir sobre la posibilidad de formular denuncias en el fuero civil y en el penal, Aetat pidió un nuevo esquema para el transporte. “Ante la inviabilidad manifiesta del sistema actual, y en aras de garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad, proponemos adoptar un sistema de contraprestación por kilómetro recorrido”, señaló la entidad.

La Intendencia coordinó entonces una primera reunión, que finalizó sin consensos. Se cursaron a la vez dos notas. La primera, firmada por Camila Giuliano (secretaria de Gobierno) y por Benjamín Nieva (secretario de Movilidad Urbana) estuvo dirigida al Concejo Deliberante, con el objetivo de comunicar el petitorio de Aetat. La segunda, rubricada por le fiscal municipal Conrado Mosqueira, fue una dura respuesta a los empresarios, en la que se reprochó -según el escrito- la “conducta extorsiva” por el pedido verbal de un subsidio de $2.000 millones y la advertencia de llevar adelante un paro, por lo cual se anticipó también la decisión de formalizar una denuncia.

En un nuevo texto, Aetat negó los dichos del fiscal municipal e insistió con los cuestionamientos hacia las políticas en materia de transporte público en la Capital. A la vez, rechazó que se pretendiera una suba del boleto, dado que, precisamente, las app habían tenido un impacto negativo en el número diario de pasajeros. En paralelo, se avisó sobre la necesidad de adoptar medidas de urgencia para hacer frente a la crisis económica en el sector.

Tras esto, desde Aetat enviaron las cartas documento a empleados de 13 de las 14 líneas de la Capital (sólo la Línea 8 se mantuvo con la totalidad de su personal). Producto de ello, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza César González, resolvió el miércoles un paro de dos horas durante la siesta. Y repitió la medida de fuerza durante toda la jornada del jueves y del viernes, advirtiendo que se endurecería el reclamo en caso de que se afectara los salarios de los trabajadores.

La noche del jueves el conflicto llegó a un momento de máxima tensión, luego de una reunión en la Intendencia en la que empresarios y funcionarios se marcharon visiblemente indignados.

El viernes, citados por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, volvieron a verse cara a cara. Fueron más de dos horas de diálogo con los miembros de la comisión de Transporte, que encabeza José María Franco. Según pudo averiguar LA GACETA, otra vez hubo momentos álgidos y cruces entre los representantes del municipio y los de Aetat. Pero hubo un principio de entendimiento, y se pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde. “Esto se soluciona en base al diálogo”, enfatizó Juri en rueda de prensa.

Las charlas se reanudaron en la sede de la Intendencia, y se cerraron con la firma de un acta acuerdo que dirimió la cuestión.

En el primer punto, Aetat se comprometió al “levantamiento inmediato de las suspensiones” para que UTA pusiera fin al paro.

En la segunda cláusula se incluyeron tres aspectos de incumbencia municipal, todos con impacto financiero en el sector privado. Este apartado incluye la liquidación del pago de los atributos sociales de la SUBE “hasta el cuarto día hábil del mes subsiguiente al mes vencido (...)”; la suspensión de las sanciones económicas y legales originadas por este conflicto; y una compensación retroactiva de la tarifa plena del Boleto Educativo Municipal (BEM) a las empresas por la suma de $1.000 millones mensuales, desde noviembre y “mientras dure la problemática actual del transporte”. De dicha compensación, agrega este ítem, se descontará el adelanto de $800 millones por el BEM (percibido por las empresas en febrero) hasta el tope de 100 millones mensuales y consecutivos.

La tercera cláusula apunta a las plataformas digitales, dado que son una preocupación central de Aetat (en especial, el servicio de Uber-Moto). En ese sentido, las empresas consignaron que gestionarán ante el Concejo Deliberante el tratamiento de ordenanzas por esta temática.

Por último, Aetat asumió el compromiso “de cumplir con la frecuencia y regularidad del servicio en todas las líneas urbanas”, un aspecto que había sido objetado por el municipio.

Si bien durante la reunión de la mañana se había hablado sobre un posible ajuste en la tarifa (fijada en $950 desde septiembre de 2024), este asunto no fue consignado en el documento.

Entendimiento

Tras firmar el acta, los representantes de Aetat se reunieron con los líderes de UTA para comunicar la situación y avanzar con el cese del paro. “Fue fundamental la reunión que generó el presidente del Concejo Deliberante para el acercamiento de las partes”, afirmó Berretta.

La intendenta Chahla, en tanto, remarcó la predisposición de su equipo para “reunirnos las veces necesarias”. “Y ellos también han respondido las veces que los hemos citado”, ponderó. Destacó el rol de Nieva y de Giuliano, entre otros funcionarios, así como del cuerpo vecinal. “No es fácil para ninguno de nosotros dar una solución inmediata y definitiva; no es la solución definitiva, es una solución que se ha planteado ayer”, aclaró la jefa municipal. Y reiteró que el objetivo era la restitución del servicio.  “Que la gente no quede más sin poder ir a la universidad, a la escuela, a los hospitales, y eso es lo que nos preocupaba”, afirmó Chahla.