01 Noviembre 2025
BRASILIA, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir las investigaciones.
El proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso busca precisamente unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales. “El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas”, declaró Lula a través de sus redes sociales.
El anuncio se produjo mientras el país sigue conmocionado por la Operación Contención, lanzada el martes por el gobernador del Estado, Cláudio Castro, un aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, en medio de la disputa política y electoral.
El balance oficial del gobierno estadual informó de 121 muertos, cuatro de ellos policías, y 113 detenidos. Pero la Defensoría Pública, que relevó datos en los institutos forenses, elevó el número de víctimas a 132. Advirtió además que no todos los fallecidos pertenecían a facciones criminales.
Política de seguridad
Lula sostuvo que el país necesita “una política de seguridad moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”. “Necesitamos un trabajo coordinado que impacte la espina dorsal del narcotráfico sin colocar policías, niños y familias inocentes en riesgo”, escribió el mandatario el miércoles.
Y agregó: “El crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas y golpeen sus estructuras financieras”. Lula citó como ejemplo la gran operación de agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC), que desmanteló una red dedicada a la venta de drogas, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero. “Brasil no puede aceptar que el crimen siga destruyendo familias y oprimiendo a la población”, sostuvo.
En respuesta a la crisis, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski viajó a Río y se reunió con el gobernador Castro. Anunciaron la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que coordinará acciones entre fuerzas nacionales y regionales.
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