17 Octubre 2025
Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
La causa por el presunto abuso sexual que involucra a cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield volvió a sufrir un nuevo revés judicial. La fiscala Adriana Reinoso Cuello, quien tenía a su cargo la investigación, solicitó su inhibición para continuar en el expediente, lo que derivó en la suspensión de la audiencia prevista para este viernes, considerada clave por las partes.
El caso, que se originó en marzo del año pasado tras la denuncia de una joven que aseguró haber sido abusada en Tucumán. El caso ha estado marcado por controversias, recusaciones y demoras procesales. La presentación de Reinoso Cuello implica que el Ministerio Público Fiscal deberá designar a un nuevo fiscal, quien deberá retomar el análisis de una causa extensa y compleja, con numerosos planteos pendientes.
Una audiencia suspendida y una investigación que se dilata
La audiencia de este viernes tenía una relevancia particular: los querellantes Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti habían solicitado la nulidad de las pericias realizadas a los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación. Según la querella, el Ministerio Público habría utilizado palabras clave no autorizadas judicialmente para filtrar información, lo que podría vulnerar la privacidad de los involucrados y afectar la validez de las pruebas.
Las defensas de los futbolistas imputados rechazaron ese planteo, pero el debate no pudo concretarse debido a la inhibición de la fiscala.
Con este nuevo escenario, el proceso judicial deberá volver a reacomodarse, sumando una demora más a un expediente que lleva más de un año de trámite.
Un caso polémico con múltiples aristas
La investigación comenzó bajo la órbita de la fiscala María Eugenia Posse, quien fue luego trasladada al Centro Judicial de Monteros. Su lugar fue ocupado por Reinoso Cuello, ahora apartada.
En este tiempo, el expediente fue declarado “causa compleja”, lo que extendió el plazo máximo de investigación hasta marzo de 2026. Sin embargo, las dilaciones en la producción de pruebas —especialmente en el análisis de los teléfonos, cuyos resultados demoraron casi un año— y las sucesivas recusaciones han dificultado el avance hacia el juicio.
Según trascendió, la fiscala habría tomado la decisión tras sentirse afectada por manifestaciones públicas que cuestionaron su accionar. Sin embargo, los motivos formales de su inhibición no fueron revelados, ya que la audiencia se desarrolló a puertas cerradas.
La solicitud fue elevada a la Fiscalía Regional, que deberá resolver si acepta o no el apartamiento. Todo indica que será aprobado, y en ese caso un nuevo fiscal deberá interiorizarse en la causa antes de definir los próximos pasos.
Cuestionamientos al sistema judicial
El periodista Gustavo Rodríguez, editor del área Seguridad de La Gaceta, advirtió que el caso Vélez “pone nuevamente en evidencia las falencias estructurales del sistema judicial tucumano”.
“La falta de recursos técnicos, la demora en las pericias y la ausencia de gabinetes especializados generan un cuello de botella en las causas de abuso sexual. No hay un gabinete psicológico propio del Ministerio Público Fiscal para realizar cámaras Gesell, y muchas veces se depende de profesionales del sistema de salud pública, que ya están sobrecargados”, explicó Rodríguez.
Además, recordó que los procesos judiciales en Tucumán deberían tener un plazo máximo de seis meses de investigación, prorrogable solo en causas complejas. “Estamos ante una investigación que se extiende ya más de un año y medio, con cambios de fiscales, demoras en los informes y audiencias suspendidas. Todo esto erosiona la confianza pública en la administración de justicia”, sostuvo.
El trasfondo institucional
Más allá del caso particular, la situación reabre el debate sobre la eficacia, independencia y transparencia del Poder Judicial.
“Cuando se acumulan demoras, inhibiciones o recusaciones sin explicaciones claras, lo que se pone en riesgo no es solo un expediente, sino la credibilidad del sistema judicial en su conjunto”, señaló Rodríguez.
El caso Vélez, que comenzó con gran repercusión mediática por involucrar a jugadores profesionales, se ha transformado en un símbolo de las tensiones entre las víctimas que reclaman celeridad y las garantías de los acusados.
Por ahora, la justicia tucumana deberá decidir si acepta la inhibición de la fiscala Reinoso Cuello y quién será el nuevo funcionario que tome el mando de una investigación que parece no encontrar aún su rumbo.
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