Trata en el norte argentino: cómo las mujeres vulnerables caen en la mira de las redes criminales

La pobreza y el abandono del Estado dejan a mujeres y niñas a merced de la trata, el narcotráfico y la violencia. En ese contexto hostil, la Fundación Volviendo a Casa se erige como refugio y altavoz, denunciando la connivencia y el vacío legal que sostienen la explotación.

Trata en el norte argentino: mujeres vulnerables en la mira de las redes criminales Trata en el norte argentino: mujeres vulnerables en la mira de las redes criminales

En el bajo salteño, la violencia se respira en cada esquina. Entre pasillos angostos y esquinas marcadas por la venta de drogas y la prostitución, se levanta un edificio que es símbolo de resistencia. Allí donde alguna vez funcionó una red de trata de personas, hoy opera la Fundación Volviendo a Casa, una organización que desde 2009 enfrenta una de las realidades más oscuras y dolorosas del norte argentino.

El contraste es impactante: las paredes que una vez fueron testigo del sometimiento de mujeres ahora acogen talleres de capacitación, reuniones comunitarias y una red de contención que busca sostener a quienes lo han perdido todo. Sin embargo, la sede no escapa al contexto: el barrio sigue siendo un territorio hostil, donde la marginalidad, el abandono y la violencia se entrelazan en una trama que parece no tener fin.

“El trabajo de la Fundación es un día a día y en el territorio, no hay otra forma de hacerlo”, manifiesta sin eufemismos Isabel Soria, presidenta de la Fundación a LA GACETA. “Lo hacemos en medio de un Estado ausente de posibilidades y frente a una altísima demanda de prostituyentes y violadores”, afirma, con un tono que oscila entre la indignación y la resignación, dejando en evidencia la magnitud del desafío que enfrentan a diario.

Volviendo a Casa nació como una respuesta urgente a la ausencia de políticas públicas. Hoy, su labor se extiende a un amplio espectro de acciones: prevención, sensibilización, capacitación, búsqueda de personas desaparecidas, acompañamiento en casos de violencia de género, femicidios, intentos de femicidio, abuso infantil y lucha contra el tráfico de personas.

“Cada caso es distinto, pero todos tienen algo en común: la vulnerabilidad. Mujeres pobres, sin acceso a la educación, muchas veces pertenecientes a pueblos originarios, que son víctimas fáciles para las redes criminales. Ellas pagan el precio más alto”, subraya Soria.

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Una frontera caliente

El norte argentino es frontera viva. Con Bolivia, Paraguay y Chile a pocos kilómetros, el movimiento constante de personas y mercaderías se convierte en un terreno fértil para las redes de trata y narcotráfico.

“Lamentablemente no nos sorprende lo que pasó en Buenos Aires con las tres chicas —explica Soria—. Acá en la frontera vemos todos los días cómo mujeres terminan detenidas como ‘mulas’. Las obligan a cargar drogas, las amenazan con matarles a los hijos, o simplemente aprovechan su desesperación porque no tienen qué darle de comer a su familia. Muchas de ellas mueren de la manera más cruel”.

La mayoría de esas causas nunca llegan al fuero federal. Quedan atrapadas en lo que se conoce como “narcomenudeo”, en expedientes provinciales que rara vez avanzan hacia arriba en la cadena delictiva. “Nunca se investiga más allá. Siempre se queda en la víctima, pero no en el tratante ni en el victimario. Y esa omisión es lo que permite que todo siga funcionando”, advierte.

El desafío de lo digital

Si en los barrios, en las rutas y en las fronteras la trata encuentra un terreno fértil, en el mundo virtual la amenaza se multiplica y adquiere nuevas formas. Las redes criminales descubrieron que internet ofrece anonimato, velocidad y alcance ilimitado. Allí, lejos de los controles tradicionales, la captación de víctimas ocurre a plena luz del día, en plataformas a las que cualquiera puede acceder.

Isabel Soria advierte que este es hoy uno de los campos más complejos de la lucha: “Las redes de trata están muchísimo más avanzadas en tecnología, en comunicación, que lo que nosotros vamos en esta pelea. No hay herramientas legales ni para jueces, ni fiscales, ni policías. El vacío es enorme”. En la práctica, esto significa que mientras los tratantes se sirven de redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web para captar, vigilar y explotar a las víctimas, las autoridades siguen atadas a códigos procesales obsoletos. Las leyes actuales no contemplan delitos como la oferta de servicios sexuales a través de perfiles falsos, ni regulan la utilización de plataformas digitales para el contacto directo con adolescentes.

Según explicó Soria, la captación digital es silenciosa, no deja rastros visibles. Una chica puede estar siendo manipulada desde su propia casa, sin que la familia lo note. Y cuando se dan cuenta, ya está en manos de una red.

La explotación sexual también encontró su variante en línea. Los tratantes ofrecen “servicios” en grupos cerrados, foros y páginas que se actualizan con rapidez. El negocio se mueve con la lógica del mercado digital: anuncios fugaces, sistemas de pago electrónicos, encuentros pactados por mensajería instantánea.

“La dificultad es que no hay legislación que permita cerrar esas páginas ni perseguir penalmente a quienes las administran. Entonces, el delito se mueve con una libertad que nosotros no tenemos”, se lamenta Soria.

A esto se suma otro flagelo: la exposición permanente de las víctimas. Muchas jóvenes son grabadas o fotografiadas durante la explotación y esas imágenes terminan circulando en redes o vendiéndose en la web profunda. Aunque logren escapar, las huellas digitales quedan allí, alimentando un mercado clandestino que reitera una y otra vez la violencia.

La convivencia como engranaje

En su diagnóstico con LA GACETA, la presidenta de la Fundación no esquiva responsabilidades: “El delito no podría existir sin convivencia. Y cuando hablamos de convivencia hablamos de policías, fiscales, jueces y políticos. Todos. Esas son las grandes peleas que tenemos”.

En cada historia que llega a la Fundación se repite un mismo patrón: víctimas vulnerables, victimarios invisibilizados y una maquinaria judicial que se mueve con lentitud, cuando no con complicidad.

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El caso de la escuela

Uno de los episodios más aberrantes que le tocó acompañar a la Fundación fue el de una escuela en Salta, donde se comprobó que hombres pagaban por violar menores. Al menos diez niñas fueron víctimas.

Soria explica que el esquema responde exactamente a la definición de trata: “Para que exista un caso de trata tienen que intervenir al menos seis figuras: el que capta, el que traslada, el que acoge, el que explota, el victimario y la víctima. En esa escuela estaba todo. Y sin embargo, la mirada social volvía a caer sobre las niñas: que eran fáciles, que buscaban plata. Nunca sobre el violador, sobre el hombre que pagaba por acceder a una adolescente, que incluso pagaba más si era virgen”.

La causa terminó en la Justicia Federal, que reconoció el delito como trata de personas. Pero el camino judicial es lento y las heridas, profundas.


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