22 Septiembre 2025
El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley N° 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, pero aclaró que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento y las incorpore al Presupuesto Nacional, según lo establece el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La norma declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Prevé la creación de una pensión no contributiva, la actualización mensual de aranceles de prestaciones básicas, compensaciones económicas a prestadores y beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad.
El Ejecutivo argumentó que la implementación total demandaría más de 3 billones de pesos (equivalente al 0,35% del PBI), cifra que no está contemplada en el presupuesto actual.
Aun destinando todas las partidas disponibles, advirtió, se verían afectados servicios esenciales como seguridad, justicia y alimentación en cárceles.
En paralelo, se oficializó la Decisión Administrativa 24/2025, que refuerza parcialmente el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reasigna fondos del Tesoro para atender urgencias inmediatas, como la actualización de aranceles a prestadores.
Sin embargo, la administración de Milei aclaró que esto no implica la puesta en marcha plena de la ley, que seguirá supeditada a la aprobación de recursos específicos por parte del Congreso.
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