El Gobierno tucumano aportará hasta $35 millones para abrir una nueva sede de la Justicia Federal

La Provincia firmó un convenio de donación por hasta $35 millones con el Poder Judicial de la Nación, con el fin de poner en funcionamiento el Juzgado Federal N° 3 en San Miguel de Tucumán. El acuerdo, que será puesto en consideración en la sesión del jueves en la Legislatura, prevé que los fondos estén destinados a trabajos de provisión de mobiliario y de adecuación edilicia, de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio 142.

El acuerdo fue suscripto el 19 de agosto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán y la Cámara Federal de Apelaciones local. El Poder Ejecutivo (PE) que conduce el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó a través del Decreto N° 2.581 (MGyJ), del 3 de septiembre, el convenio que rubricaron el ministro Regino Amado (Gobierno y Justicia) con Patricia Moltini, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones en Tucumán. Dicho documento ingresó el 8 de septiembre por mesa de entrada de la Legislatura que preside el vicegobernador Miguel Acevedo.

Se trata de un convenio clave dado que el Juzgado Federal N° 3, que desde hace tres años conduce José Manuel Díaz Vélez, nunca se puso en funcionamiento por falta de infraestructura. El principal problema es la falta de espacio físico ya que en el edificio de calle Las Piedras y Congreso ya no hay lugar (ver aparte).

Los aportes del PE

El acuerdo firmado hace menos de un mes establece que la Provincia, en carácter de donante, financiará y ejecutará directamente las obras necesarias en la sede ubicada en calle 9 de Julio 142. Entre los compromisos asumidos se incluyen reparaciones edilicias, instalación de climatización, adecuación eléctrica, pintura y reacondicionamiento de espacios. Asimismo, se contempla la compra y armado de escritorios, sillas, sillones gerenciales, tabiques divisorios y demás mobiliario requerido para el funcionamiento pleno de la dependencia judicial.

De acuerdo al texto enviado a la Legislatura, la iniciativa responde a la necesidad de dotar de infraestructura a un juzgado cuya creación ya estaba prevista pero que aún no contaba con sede ni equipamiento para operar. Con esta medida, se busca dar respuesta a la fuerte demanda de causas en la Justicia Federal, en particular aquellas vinculadas al narcotráfico, delitos económicos y criminalidad organizada, que requieren de mayores recursos y capacidad operativa.

En la letra chica, el convenio fija que la donación no genera contraprestación alguna a favor del Poder Judicial de la Nación. Es decir que se trata de una acción voluntaria del Gobierno provincial en el marco de una política de colaboración institucional. Fuentes consultadas en 25 de Mayo y San Martín añadieron que el Consejo de la Magistratura de la Nación autorizó a que las provincias puedan colaborar con la Justicia Federal.

Las obras, a la vez, serán supervisadas de manera conjunta por la cartera que encabeza Amado y por personal designado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a fin de garantizar que se cumplan los estándares técnicos y funcionales establecidos.

Otro punto relevante es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, robos e incendios durante la obra, consignando como parte asegurada al Poder Judicial de la Nación. Además, la Provincia asume todas las responsabilidades laborales, impositivas y de seguridad que pudieran derivarse de las tareas realizadas.

Una vez concluidos los trabajos, se firmará un acta de finalización y entrega en la que se dejará constancia del estado de las obras, la aptitud funcional de los espacios y la conformidad técnica. El convenio entrará en vigencia desde el primer día hábil posterior a su suscripción y concluirá con la aceptación de los bienes donados y las obras realizadas.

Debate en el recinto

En la Legislatura, el convenio fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el peronista y candidato a diputado Javier Noguera, en busca de obtener dictamen para ingresar al debate del jueves. A su vez, el documento también fue girado al comité de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, a cargo de Tulio Caponio.

En la reunión de Labor Parlamentaria, Acevedo y los presidentes de bloque acordaron ir al recinto esta semana con una decena de temas, con la posibilidad de desdoblar la sesión. Trascendió que la intención es avanzar cuanto antes con las tareas legislativas cuanto antes para evitar que el discurso político de campaña ingrese de lleno en el recinto y tense las relaciones.

Un juzgado sin poder funcionar hace más de una década

El Juzgado Federal N° 3 de Tucumán fue creado a través de la Ley N° 26.885, promulgada el 2 de octubre de 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (hoy con prisión domiciliaria). Pasaron 12 años de su creación y casi tres de que jurara su titular, el juez José Manuel Díaz Vélez, y recién ahora está cerca de comenzar a funcionar. Sin embargo, su puesta en marcha arrastra dificultades estructurales y organizativas que amenazan con opacar lo que debería ser un avance trascendental en la administración de Justicia Federal en la provincia.

El principal obstáculo fue, desde un inicio, la falta de espacio físico en el edificio de Las Piedras y Congreso, donde ya funcionan los otros dos juzgados federales. Tras sucesivas propuestas, finalmente se decidió alquilar un inmueble de calle 9 de Julio al 142. Allí se instalará el nuevo juzgado, una vez que concluyan las tareas de acondicionamiento, conexión de servicios y se complete el traslado del mobiliario, entre otras cuestiones para las que se firmó el convenio con la Provincia. Inicialmente se había previsto que la inauguración sea este mes, pero fuentes provinciales estimaron que demandará uno o dos meses más.

Pero la mayor preocupación no pasa solo por la infraestructura. El verdadero problema se encuentra en la Fiscalía Federal N° 3, que aún no cuenta con condiciones para empezar a trabajar. Su titular, Agustín Chit, actualmente subroga la Fiscalía Federal N° 2, pero con la apertura del nuevo juzgado debería asumir funciones en su sede. Pese a haber solicitado formalmente la habilitación de dependencias, hasta ahora no obtuvo respuesta. Incluso se evaluó que la fiscalía funcione en el mismo edificio al que se mudará el juzgado, lo que facilitaría la labor, pero la idea nunca se concretó.

La situación genera inquietud porque, a diferencia de la fiscalía, la Defensoría Oficial Federal N° 3 ya está habilitada y en funciones. De este modo, el nuevo juzgado podría iniciar su actividad sin contar con el contrapeso acusatorio indispensable, lo que representaría una seria desventaja de cara a la inminente entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal. Ese sistema, de carácter acusatorio y adversarial, otorga a los fiscales un rol central en la investigación de los delitos, desplazando a los jueces de esa función. Sin una fiscalía activa, el esquema se vería seriamente debilitado.

A este panorama se suma el déficit de titulares en otras fiscalías federales de Tucumán, que siguen siendo subrogadas mientras los concursos avanzan a paso lento. En este contexto, la apertura del Juzgado Federal N° 3 aparece como una oportunidad para agilizar una justicia que tramita cerca de 100.000 causas al año.

El artículo séptimo de la norma que creó el juzgado federal en Tucumán precisa que “la presente ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.