Por Gustavo Rodríguez
03 Septiembre 2025
La quema de cañaverales y pastizales ha generado una dura disputa judicial. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal insiste con solicitar que se le dicte la prisión preventiva a las personas que son sorprendidas prendiendo fuego, pero hasta aquí los jueces abren una causa en contra de los acusados, pero no los privan de la libertad.
Las diferencias más notorias surgieron por un caso registrado el jueves pasado. Ese día, cerca de las 16, el Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), junto a personal de Delitos Rurales y Ambientales, se dirigía a registrar un incendio. Pero en el trayecto descubrieron que tres hombres estaban apilando material de desmonte para prender fuego en un predio ubicado en la zona de Mancopa. Según los informes del perito, la oportuna intervención de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista impidió que las llamas se propagaran a los bosques nativos del lugar y a un cañaveral. Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira ordenó que sean aprehendidos.
El sábado se realizó una audiencia de formulación de cargos, la auxiliar Brenda Deroy, siguiendo remarcó que “las quemas ocasionan accidentes de tránsito, daños a inmuebles, a personas y a los animales que se encuentran en el lugar”, por lo que su prevención y sanción resultan fundamentales.
La representante del Ministerio Público señaló que, si bien se consideraba acreditada la existencia del hecho y la vinculación de los acusados, existían riesgos procesales importantes respecto a dos de ellos, ya que no poseen domicilio en la provincia y la defensa tampoco aportó información suficiente para corroborar sus residencias, limitándose a manifestar que vivían en la localidad de El Mojón, Santiago del Estero. Por eso pidió que se le dictara la prisión preventiva por 30 meses.
La jueza interviniente rechazó el planteo y dictó medidas de menor intensidad. La magistrada entiende la situación económica de los imputados y la ausencia de elementos suficientes para atribuir que hayan buscado generar algún dolo con el incendio.
Desde que el Ministerio Público decidió implementar una política criminal contra las personas que generan estos siniestros, fueron al menos 10 las personas a las que se las acusó de delitos que contemplan una pena de cumplimiento efectivo. Sin embargo, sólo a tres se les dictó la prisión preventiva, dos de ellos bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Fuentes del MPF anunciaron que seguirán solicitando el dictado de prisiones preventivas a todos los que sean sorprendidos provocando quemas. Ayer, por ejemplo, el ECIF intervino en un siniestro desatado en el tramo de Cevil Pozo (a tres kilómetros de la rotonda de Los Gutiérrez) que afectó a una línea de alta tensión de Transnoa. Hasta el cierre de esta edición, los peritos continuaban trabajando para tratar de identificar a los autores del hecho.
Más polémica
Por otra parte, fuentes del MPF confirmaron que siguen avanzando las investigaciones que se iniciaron en contra de al menos cuatro grandes cañeros, dos de los cuales tienen ingenios. Los señalados sostuvieron que se le abrieron causas en su contra después de denunciar que le habían prendido fuego sus campos.
Los investigadores sostienen que esta sería una estrategia que vienen desplegando desde hace varios años para evitar, justamente, que se les iniciara una causa penal. Fuentes judiciales sostuvieron que Rivadeneira descubrió que, en los últimos años, los damnificados habían hecho varias presentaciones de este tipo. Sí les llamó la atención que todas fueron presentadas en los meses de agosto y septiembre, pero en los otros meses del año no.
Además de sospechar que podrían haber ordenado a sus empleados a realizar la quema, no descartan que se los investigue por no haber tomado las medidas de seguridad para evitar este tipo de siniestro, más si se tiene en cuenta que son casos reiterados anualmente.
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