Juzgado Federal
Las vacantes en la Justicia Federal y la urgente necesidad de cubrirlas fue uno de los puntos que, en Córdoba, trataron presidentas y presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones de todo el país, en el marco de la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal. El encuentro concluyó con un documento en el que se expresaron serias preocupaciones por la falta de jueces y la urgencia de cubrir vacantes en distintas jurisdicciones, un déficit que en Tucumán se arrastra desde hace años y condiciona el funcionamiento del fuero federal.
La Junta, que eligió como presidente al camarista Javier Leal de Ibarra, estuvo integrada por Patricia Moltini (Tucumán), Abel Sánchez Torres, Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, y Juan Ignacio Pérez Curci. En un pronunciamiento conjunto, los magistrados remarcaron que la puesta en marcha del sistema acusatorio exige un refuerzo institucional que hoy no está garantizado. “Advertimos la gravedad que implica la implementación del sistema acusatorio en jurisdicciones con vacantes, lo cual afecta el correcto desempeño judicial”, señalaron.
Uno de los puntos más enfáticos fue el reclamo por los cargos judiciales sin cubrir en juzgados y cámaras de todo el país. Los presidentes advirtieron que la falta de jueces titulares genera un cuello de botella en la administración de justicia y compromete la aplicación de las nuevas reglas procesales. “Reiteramos la urgente necesidad de cubrir las vacantes existentes en todas las jurisdicciones y especialmente previo a la implementación del Código acusatorio”, afirma el documento aprobado por unanimidad.
El plenario también puso sobre la mesa otros problemas derivados de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Uno de ellos fue el surgimiento de tensiones entre tribunales de juicio y Cámaras de Apelación respecto a la creación de oficinas judiciales, un aspecto clave para administrar las audiencias. Según remarcaron, la ley otorga esta facultad exclusivamente a las Cámaras, y permitir estructuras paralelas “pondría en riesgo la organización del sistema y la eficiencia de las audiencias”.
Los presidentes advirtieron además sobre interpretaciones dispares en torno al control de medidas cautelares y de coerción, que en algunos distritos generan incertidumbre sobre el acceso a las pruebas y la decisión judicial. También expresaron reparos por la asignación de audiencias de control de acusación a jueces de revisión, función que consideran ajena a su competencia natural y que, en la práctica, genera sobrecarga y dilaciones.
Además señalaron el esfuerzo que demanda a la actividad jurisdiccional el sistema acusatorio, máxime en distritos con competencia múltiple. “Advertimos la gravedad que implica para las jurisdicciones con competencia penal y especialmente a aquellas con multifuero, la implementación del sistema acusatorio, circunstancia que afecta el correcto desempeño y motivará reuniones de la Junta con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las autoridades pertinentes”, dice el documento.
Otro tema que despertó inquietud fue el rol del Ministerio Público Fiscal en el nuevo esquema. Los magistrados remarcaron la creciente presencia de fiscales coadyuvantes, auxiliares e interinos que actúan sin haber cumplido con los requisitos constitucionales de designación. “Manifestamos nuestra inquietud por la intervención de funcionarios que no cuentan con la legitimidad que exige la Constitución”, remarcaron en el comunicado, apuntando a la necesidad de garantizar la transparencia en las designaciones dentro de la estructura del Ministerio Público.
El reclamo tiene un fuerte eco en Tucumán, donde las vacantes en la Justicia Federal se convirtieron en un problema estructural. La provincia arrastra una situación crítica: cargos de jueces federales, fiscales y miembros del Tribunal Oral Federal permanecen sin titular durante largos períodos, y muchas veces son ocupados por subrogantes que deben multiplicar funciones. Esta precariedad impacta directamente en la celeridad de las causas y en la confianza ciudadana en el sistema.
En los últimos años, se acumularon reclamos de abogados, legisladores y organizaciones civiles por la demora en los concursos del Consejo de la Magistratura. El propio Colegio de Abogados de Tucumán advirtió que la falta de jueces titulares genera dilaciones y dificulta el acceso a la justicia, especialmente en fueros sensibles como el penal y el contencioso administrativo. En causas resonantes, como el juicio por los fondos de la UNT, ya se había señalado que la falta de jueces titulares fue un obstáculo para avanzar en los procesos complejos.
El pronunciamiento de los presidentes de Cámaras aparece como un llamado de atención en un momento clave para el sistema federal. No se trata de una advertencia aislada, sino de una posición conjunta de los máximos responsables de la segunda instancia federal en todo el país. De hecho, anticiparon que buscarán reunirse con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con autoridades políticas para encontrar soluciones urgentes.
La conclusión del documento es contundente: la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que apunta a agilizar las causas y fortalecer la oralidad, corre el riesgo de fracasar si no se cubren las vacantes y si no se garantiza que fiscales y jueces actúen con plena legitimidad
