Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

La Justicia procesó a una mujer que usurpó el título y matrícula de una abogada que tenía su mismo nombre y estafó a personas que habían contratado sus servicios confiando que era una profesional. La imputada no sólo les mintió a sus clientes respecto de su educación universitaria, sino también los engañó sobre los falsos avances de las causas en las que intervino y les cobró honorarios. Estará 30 días bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que dirige Diego Hevia. Siguiendo la hipótesis, desde mediados de 2021 una mujer de 39 años, S.G.G., empezó a utilizar la matrícula profesional de una letrada homónima para simular ser abogada y así captar a clientes con el fin de obtener un beneficio económico. Debido a que su nombre es igual al de la profesional afectada, es que por una disposición judicial, el nombre de la imputada se mantendrá en reserva -mientras dure la investigación penal preparatoria-, para no dañar la imagen de la víctima.

El primer hecho registrado ocurrió en agosto de 2021. S.G.G., fue contratada por S., una ex compañera del secundario, para que la ayudara a resolver una sucesión y un expediente sobre alimentos en el Juzgado de Familia y Sucesiones de la 8° Nominación. Durante dos años, la imputada le mintió a la víctima sobre los avances de ambos procesos hasta que en octubre de 2023 S., se acercó al Juzgado a preguntar por el estado de sus legajos y allí le informaron que no había ninguna causa en trámite a su nombre.

Algo similar le pasó a D., quien contrató a la imputada en julio de 2024 para que la ayudara a cobrar una indemnización por un despido laboral. Transcurridos los meses, S.G.G., le habría avisado que el acuerdo había llegado a buen puerto y que ya podía acercarse a cobrar su indemnización. La mujer comenzó a sospechar que algo no andaba bien cuando la falsa abogada le reprogramó en varias oportunidades la fecha de retiro culpando al banco por los inconvenientes. Al consultar en el Juzgado, se enteró que su trámite jamás había sido iniciado.

El último hecho denunciado hasta ahora ocurrió en enero de 2024. M., le pidió asesoramiento a S.G.G., sobre unos trámites que debía realizar ante el seguro automotor respecto de un siniestro vial que había sufrido en su vehículo. Al igual que en los casos anteriores, al no tener avances, en septiembre se presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias Civiles, donde le avisaron que dicha causa no existía.

Modus operandi

Según explicó la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, la imputada empleó un modus operandi similar en todos los casos. Utilizando la matrícula profesional de la abogada homónima, entregó copias de escritos, cédulas y decretos falsificados. También presentó documentos que estaban suscritos por funcionarios judiciales, que en la fecha en la que habían sido emitidos ya no cumplían la función mencionada, e inventaba fechas falsas de audiencias en las que supuestamente había intervenido, todo ello para hacerle creer a los damnificados que sus casos estaban avanzando.

En el marco de la investigación, el MPF solicitó al Colegio de Abogados y a las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Santo Tomás de Aquino datos sobre S.G.G. En diciembre de 2023 el Colegio de Abogados envió un informe donde consta que la imputada no está inscripta en dicha institución. La UNT envió una constancia de que hay una libreta universitaria a su nombre.

La imputada fue acusada por ser considerada presunta autora de los delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos en concurso real con falsificación de instrumentos públicos y usurpación de títulos y honores. Luego de exponer las evidencias recolectadas, Briz Tomás solicitó que fuera sometida a 30 días de prisión preventiva para cautelar el proceso.

“El daño a resarcir es inconmensurable en esta instancia. Si bien, tenemos un número aproximado del monto defraudado, la realidad es que no se puede medir el daño que el comportamiento de la encartada provocó en las víctimas, cuyos derechos judiciales sufrieron un perjuicio enorme. Sus reclamos nunca fueron realizados, corriendo el riesgo de que sus derechos prescriban. En 2023 ya se le había notificado del decreto de apertura de la investigación, se le realizó un allanamiento en su domicilio y, sin perjuicio de ello, continuó llevando a cabo su accionar delictivo”, argumentó la auxiliar de fiscal.

Además adelantó que el número de teléfono que utilizaba S.G.G. para comunicarse con sus “clientes” estaría vinculado al número que se utilizó para realizar una falsa amenaza de bomba en el Palacio de Tribunales el pasado 17 de junio. La abogada defensora, Stella Maris Chávez, no se opuso a la formulación de cargos pero sí a las medidas de coerción.

La abogada damnificada expresó su descontento con la situación y pidió que se haga lugar a la preventiva. “Generó una desconfianza en mi imagen. Fui denunciada en el Colegio de Abogados, en consecuencia tuve que presentarme a declarar y pasar por una situación muy estresante. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico y tuve que solicitar la adhesión de mi apellido materno, con todo lo que eso implica. Me generó un gran perjuicio”, dijo.

Martín Lucio Terán, vicepresidente del Colegio de Abogados también se manifestó al respecto. “Esto no sólo causó un daño a las víctimas sino a la institución y a todos los abogados, quienes cumplimos una función pública. Realmente pone en tela de juicio la profesión de los abogados”, dijo.

Finalmente, el juez Sebastián Norniella Parache hizo lugar al pedido del MPF.