¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

En Las Cejas comparan el escándalo con el caso “Chocolate”, como se conoce la investigación que derivó en detenciones y allanamientos en Buenos Aires en 2023. Y en las denuncias realizadas por tres ex empleados de esa comuna del departamento Cruz Alta, la principal señalada es la comisionada comunal, Cristina Mabel Contreras. “Ella retiraba el dinero del banco”, relató Mónica Risso, una de las vecinas que llevó el caso a la Justicia, en diálogo con LA GACETA.

Según la versión de este grupo de trabajadores, la máxima autoridad de esta localidad -situada 54 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán- les retuvo las tarjetas de cobros de haberes y se quedó con la mayor parte de sus ingresos (hasta el 70% en algunos casos, afirmaron los denunciantes). “Comencé a trabajar en la comuna en 2015 como subsidiada y en 2017 firmé como trabajadora contratada por la comuna. Mi sueldo era de casi $ 15.000, pero me pagaban solo $ 3.000. El contrato lo firmé en enero de 2017, pero cuando fui al banco me enteré de que estaba contratada desde septiembre de 2016”, comentó Risso.

La mujer, de 53 años, detalló que los trabajadores nunca recibieron sus tarjetas de débito, porque estas eran retenidas por la propia funcionaria. “Ella retiraba el dinero del banco -en mi denuncia presenté videos de cuando ella iba a cobrar con otros empleados- y nos pagaba en su casa. En diciembre de 2018, cuando reclamé por el pago de mi aguinaldo, fue cuando comenzó la persecución de su parte”, expresó. Según Risso, el reclamo derivó en represalias. La comisionada habría dejado sin efecto su contrato y también los de varios familiares que trabajaban en distintas áreas de la comuna. “Desde aquel momento presenté denuncias en diferentes lugares, pero no obtuve respuestas. Nunca investigaron nada y lo peor, esta mujer sigue haciendo lo mismo con empleados actuales”, lamentó.

El hostigamiento, que asegura haber sufrido, la obligó a abandonar el pueblo. “Ahora estoy trabajando de empleada doméstica cama adentro, y mi hijo vive en una ciudad cerca de Capital. Tengo miedo de que le pueda pasar algo, por eso tuve que sacarlo del pueblo”, expresó.

Otro de los testimonios que reforzó estas acusaciones es el de Guillermo Medina, de 64 años, quien se desempeñó como jefe de Personal en la gestión de Contreras y de su marido, Hugo Lazarte, (comisionado comunal entre 2019 y 2023). Medina formó parte de la estructura comunal desde 2015 hasta 2022 y asegura que conoció de cerca el mecanismo de cobros que ahora se denuncia.

“Las denuncias por retener parte de los sueldos son reales. Pagaba los salarios y los aguinaldos en su casa, y allí se quedaba con parte del dinero. Si vos te negabas a ese ‘trato’ te dejaba sin trabajo. Muchos trabajadores cuando iban al banco a hacer trámites se enteraban de que eran empleados contratados y debían cobrar mucho más”, señaló. El ex funcionario además relató cómo terminó fuera de la comuna. “A mi me dejó sin trabajo porque mi nieto, que es niño, se sacó una foto con un hombre que siempre cuestionó su gestión. Así se maneja, persigue a quien cuestiona sus acciones”.

Fondos de un beneficio

Las denuncias no se reducen a los salarios. Martín Mercedes Medina, también de 64 años, aseguró que tras la muerte de su esposa en 2020, la comuna se quedó con un beneficio económico que correspondía a su familia. “Mi mujer, Cristina Margarita Lupercio, murió en octubre de 2020. Era administrativa categoría 20 en la comuna, pero desempeñaba sus funciones adscripta en tesorería general de la Provincia. Cuando falleció nos correspondía cobrar $ 140.000 por Entierro y Luto, pero no nos dieron. Lo cobró la comisionada Contreras”, denunció. El hombre agregó que la comuna ya se encuentra intervenida administrativamente y pidió definiciones claras de parte de las autoridades provinciales.

Silencio por miedo

En paralelo, Paulo Alcides Ruiz aportó un testimonio que resonó entre los vecinos. “Este es un caso ‘Chocolate’, pero local. Hay otros a quienes les hicieron lo mismo, pero no quieren hablar por miedo”, sostuvo, en referencia al escándalo bonaerense de 2023 que derivó en causas judiciales por cobros ilegales de sueldos a nombre de personas que no trabajaban en la Legislatura.

Para los denunciantes, lo que ocurre en Las Cejas tiene similitudes con esa maniobra: cobros indebidos, retención de haberes y, en algunos casos, apropiación de beneficios destinados a empleados y familias.

Vecinos y ex empleados reclaman la intervención de la provincia y esperan que el Poder Judicial avance en las causas abiertas.

La versión de Contreras

Luego de recopilar estos testimonios, el equipo de LA GACETA se dirigió al centro de Las Cejas donde se encuentra la plaza principal, el centro cívico y el edificio de la comuna. Al llegar al lugar y consultar a la comisionada, Cristina Contreras, para obtener su versión y respuesta a las denuncias, la funcionaria se negó a hablar con LA GACETA.

Horas más tarde, Contreras se comunicó con este diario por llamada telefónica, aseguró que la situación ocurrida con los periodistas fue una confusión y denunció ser perseguida por el ex subsecretario operativo de transporte de la Capital, Enrique Romero, y por Ariel Figueroa, un adversario político en Las Cejas.

“Lo de las denuncias pasó hace 10 años atrás y siempre en época electoral aparece. Está el opositor, Ariel Figueroa, a quien le venimos ganando las elecciones, y por detrás el señor Enrique Romero, que no sé qué tiene contra Las Cejas. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa. Tengo el acta de manifestación del señor Ramón Soto (uno de los denunciantes), donde dice que el señor Figueroa le prometió un contrato para que hable en mi contra”, manifestó.

En otras líneas, la comisionada comunal confirmó que autoridades provinciales intervinieron al “habilitado” de la comuna y aseguró que está a disposición del ministro del Interior, Darío Monteros, y del gobernador, Osvaldo Jaldo, para cualquier averiguación que requieran: “Es todo política. Por detrás está Ariel Figueroa, que no acepta una derrota. Por escribano público está demostrado que todo es falso. Yo me dedico a trabajar y trabajar”.

Por último, Contreras repitió que el cruce con el equipo de LA GACETA fue una confusión y manifestó que está a disposición para futuras entrevistas. “Estaba trabajando en la comuna y sucedió algo inesperado, hace un mes que tengo un perseguimiento político con autos que deambulan y sacan fotos en lugares que yo frecuento, incluso en la biblioteca donde hay niños. Fue todo una confsión”, concluyó.

Agresión y hostigamiento contra Periodistas de LA GACETA

Al llegar al edificio comunal de Las Cejas, el equipo de LA GACETA fue recibido por la comisionada Cristina Contreras y un grupo de empleados. La funcionaria intentó fotografiar las credenciales de los periodistas y advirtió que denunciaría las imágenes tomadas al edificio. Instantes después, uno de los empleados golpeó la cámara de la fotógrafa Analía Jaramillo y lanzó insultos contra el equipo de prensa.

Al retirarse del lugar, la tensión continuó: una camioneta oficial de la Policía de Tucumán persiguió al vehículo de LA GACETA, lo detuvo y sus ocupantes interrogaron a los periodistas sobre su trabajo en la comuna, tomando sus datos antes de dejarlos seguir. El episodio, que combinó agresiones y hostigamiento policial, se opone a los principios constitucionales de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.